Gasto en defensa Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La tensión PSOE-Unidas Podemos

Las discrepancias dentro de un Gobierno de coalición son lógicas, pero ni unos pueden actuar sin informar ni otros oponerse a casi todo

3
Se lee en minutos
Archivo - La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra

Archivo - La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra / Europa Press

Era previsible que, tras la tregua de silencio mantenida por Unidas Podemos (UP) durante la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN, volverían las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición a propósito del gasto militar. La tensión ha alcanzado tal intensidad, la mayor desde la negociación sobre la reforma laboral, que el PSOE y UP se reunirán próximamente en la comisión de seguimiento del pacto de coalición para calmar las aguas, aunque las posiciones en el tema de fondo están muy alejadas.

La discrepancia se centra ahora en el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros aprobado el martes por el Consejo de Ministros y al que UP se opone. Aunque esta partida no está relacionada directamente con las decisiones de la OTAN, sino que se destinará a reponer bienes y equipos militares donados a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, UP rechaza cualquier aumento del gasto militar, incluso el que se incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado, muchas veces con argumentos que rozan la demagogia. «Gastarse dinero en armas por la exigencia de una potencia extranjera en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, educación y más protección social no forma parte de los Presupuestos que nuestro país necesita», ha declarado la secretaria general de Podemos y ministra, Ione Belarra.

Es cierto que ante la crisis económica que se avecina, con la inflación disparada y la próxima subida de los tipos de interés, puede discutirse la inversión en defensa, pero España debe también cumplir los compromisos internacionales en este terreno, entre ellos el de alcanzar el 2% del PIB, exigido por la OTAN, en el 2029. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a duplicar el gasto de defensa en siete años porque la «seguridad no está garantizada» y menos tras la agresión de Rusia a Ucrania.

Es difícil que la discrepancia de fondo se resuelva, pero el problema que enfrenta a los socios del Gobierno es también de formas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura haberse enterado por la prensa del crédito de 1.000 millones, a lo que el PSOE responde que el tema se llevó a la comisión de subsecretarios, donde nadie de UP se opuso y por eso pasó al índice verde del Consejo de Ministros, el que se aprueba sin debate. Los socialistas acusan a sus socios de no leerse los papeles. Pero lo cierto es que la partida estaba enmascarada con el lenguaje burocrático oficial y ni siquiera figuraba la cifra, al margen de que una cuestión tan importante y sensible merece un debate previo para aclarar las circunstancias y no colarla «por la puerta de atrás», como denuncia UP. 

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Las discrepancias en un Gobierno de coalición, con dos partidos de culturas distintas, especialmente en la cuestión militar, son lógicas, pero precisamente por eso se echa en falta una mayor comunicación y una menor desconfianza entre ellos. Pese a la exhibición pública de las posiciones enfrentadas, ninguna de las partes da por rota la coalición; al contrario, ambas insisten en que después de las comisiones de seguimiento –ha habido cinco en los dos años y medio de Gobierno–, el pacto sale reforzado. Si es así, hay que aplicarse la lección porque pelearse es un mal negocio para el PSOE y para UP. Ni unos pueden actuar sin informar ni otros pueden oponerse a tantas iniciativas del Gobierno. Ha llegado el momento de sentarse en la comisión de seguimiento y de pactar los acuerdos y las discrepancias –a ser posible sin airearlas– hasta el final de la legislatura.