Alquiler bajo mínimos en Barcelona

Estos últimos días hemos leído en la prensa algunas informaciones sobre la preocupación de la gente que está buscando un piso de alquiler en Barcelona. Hay muy poca oferta y muchos demandantes y las preguntas que nos surgen son: ¿cómo hemos llegado otra vez a esta situación? ¿De qué han servido las políticas de vivienda aplicadas en los recientes años?

Como punto de partida cabe decir que la oferta actual en Barcelona está por debajo de la que existía antes de la declaración del estado de alarma por el covid, a finales de marzo de 2020. En concreto, en la capital catalana, el portal Idealista oferta la mitad de las viviendas que presentaba en aquellas fechas.

El estado de alarma y la turbulencia económica que provocó hizo que colectivos como los estudiantes, los trabajadores desplazados, los jóvenes emancipados y las familias con escasos recursos renunciaran a sus contratos de alquiler. Quedaron muchas viviendas vacías y en pocos meses se duplicó la oferta de viviendas en alquiler.

En septiembre de 2020 y mientras seguía vigente el estado de alarma, en Catalunya se aprobó la Ley 11/2020 de contención de rentas con la intención de regular los precios de los alquileres. Esta ley no frenó las renuncias de contratos dado que aún se sufrían los efectos de la pandemia. A partir de enero de 2021, con la relajación del estado de alarma y la recuperación de la economía, se empezó a absorber la sobreoferta y durante el mes de abril ya se volvió al volumen de alquileres previo a la pandemia. En aquel momento podríamos esperar que la oferta se estabilizara y el mercado volviera a comportarse como lo hacía anteriormente. Pero no fue así, el 'stock' continuó disminuyendo hasta llegar a los niveles actuales que podemos definir como críticos.

En otros tiempos de fuerte demanda, el mercado daba respuestas reponiendo los 'stocks' consumidos y los inversores aportaban ahorro y, por lo tanto, producto al mercado de alquiler, lo podemos comprobar si revisamos la hemeroteca de la evolución del parque de alquiler en Barcelona. En esta ocasión tampoco ha sido así. Los propietarios parece que han cambiado de actitud y cabe que reflexionemos sobre por qué han llegado a esta situación. En Catalunya en general y en Barcelona en particular, los propietarios de viviendas en alquiler son pequeños inversores que han canalizado históricamente su ahorro hacia el sector inmobiliario con la esperanza de percibir rentas estables y mantener el valor de su patrimonio. Para continuar alcanzando estos objetivos sería necesario un marco legal estable y un equilibrio entre los derechos de los propietarios y los de los arrendatarios.

Desde 2015, en Catalunya estamos sufriendo un alud de normativas que rompe los equilibrios adecuados para mantener un parque de viviendas de alquiler privado estable. La permisividad con las okupaciones, la obligatoriedad de ofertar un alquiler social, los boicots a los desahucios y, finalmente, la regulación de precios ha generado un marco de inseguridad jurídica y económica que desincentiva la entrada e inclusive la permanencia de los inversores en el mercado. Y ahora, además, recibimos noticias de Madrid en relación con una nueva Ley de Vivienda que, a nivel estatal, parece que quiere replicar el modelo que en Catalunya nos ha llevado a la crisis que estamos sufriendo actualmente.

En la base del problema encontramos un grave error de diagnóstico, que es creer que el problema de la vivienda de las capas de la población con menos recursos económicos se puede solucionar regulando el mercado privado y haciendo que este dé una solución a una cuestión que requiere la implicación directa de la Administración. Implicación que ha de funcionar en dos líneas: por un lado, la aplicación de recursos públicos para crear un parque de vivienda social y, por otro lado, generar ayudas directas destinadas a aquellas personas que no se pueden permitir ni tan siquiera el acceso a una vivienda social.

Hemos de reconocer de forma inmediata el fondo del problema y alejarnos de las soluciones populistas y cortoplacistas practicadas, que no atacan la estructura de la cuestión y que nos han llevado a la situación actual de fracaso. La tarea es de gran dificultad y para avanzar con mayor celeridad es urgente contar con la colaboración de los grandes operadores del sector privado que pueden aportar experiencia y capital, pero para ello es imprescindible garantizar un marco jurídico y económico estable.