Premià de Mar

Limpieza residencial

Como dice Cáritas, si se comete la ilegalidad de impedir el acceso al padrón se está impidiendo de facto el ejercicio de muchos otros derechos

Protestas contra los ocupantes de un piso en Premià de Mar, en 2020.

Protestas contra los ocupantes de un piso en Premià de Mar, en 2020. / Sergi Conesa

Montse Santolino

Montse Santolino

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Al alcalde de Premià de Mar un juez le ha tumbado la política antiokupas que impedía el empadronamiento de personas sin título de propiedad o contrato de alquiler. El alcalde dice que acatará la sentencia (posible gracias a un recurso de Comuns y CUP), pero que le ha molestado el tono y la "literatura" de la sentencia. Mucha gente, sin embargo, hemos agradecido la claridad con que describe la injusticia que cometen tantos ayuntamientos del área metropolitana.

El magistrado Federico Vidal cita la abundante jurisprudencia al respecto y concluye lo evidente: Premià se salta la ley y lo que pretendían los tres grupos municipales que impulsaron las restricciones (PSC-Junts-Ciudadanos) era, en realidad, hacer una "limpieza residencial", "restringir el derecho de residencia en el municipio a personas que considera indeseables". "El Ayuntamiento pretende un mundo feliz y perfecto en su término municipal absolutamente reprobable, discriminatorio, injusto y contrario a los principios de cooperación y solidaridad que rigen en nuestra sociedad". Si se generalizaran estas medidas, dice el juez, "no cabría otra que situar en una isla en medio del océano a los colectivos desfavorecidos".

Aunque sin tanto descaro, eso es exactamente lo que parece que piensan tantos alcaldes y alcaldesas que bloquean el acceso al padrón de personas migrantes o sin techo, convencidos de que poniéndoselo difícil lo intentarán en otro sitio. Bien lo saben en Barcelona, que empadrona por todos los demás. El Fórum de Sindicos y Síndicas Locales de Catalunya o Amnistía Internacional no paran de recordar que el empadronamiento sin domicilio fijo es un derecho. Cáritas añade que el padrón es la puerta de acceso al resto de derechos, y que si se comete la ilegalidad de impedir el acceso, se está impidiendo de facto el ejercicio de muchos otros derechos. No puede depender de los jueces. Urge que los diferentes gobiernos sancionen esas políticas porque nos faltan islas para tanta pobreza. Y porque la normalización de la barbarie empieza así.

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