Aborto y menores, una cuestión de derechos

Hace unos días el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley que ha de permitir, entre otras cuestiones, que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Una cuestión largamente reivindicada por parte del movimiento feminista y las entidades especializadas. Debemos felicitarnos por ello. Aun así, no dejo de pensar que una parte importante de la población no es aún capaz de dimensionar la importancia de este hecho. Creo que esta cuestión nos devuelve a dos de los conceptos cruciales en torno a la lucha de las mujeres por el reconocimiento como sujetos de derecho y la lucha por la igualdad: el lugar de la maternidad y la libertad de elección sobre nuestros cuerpos.

Permitir que las menores de 16 y 17 años puedan decidir unilateralmente abortar significa varias cosas. Por un lado, rompe con una infantilización hipócrita y perversa por la cual podrían eventualmente ejercer la maternidad si sus familias así lo decidieran, pero su condición de “menores” no les permitía no serlo. Es decir, ¿estamos entendiendo que decidir ejercer la responsabilidad de criar, educar y sostener a un ser humano durante al menos 18 años de tu vida implica una responsabilidad menor que decidir que no quieres esa responsabilidad de 'maternar' en tu vida o no la quieres en este momento? ¿Cuál es la concepción de la responsabilidad sobre acompañar a la vida y 'maternar' que subyace a este planteamiento? Parece que estamos situando la responsabilidad y el tutelaje de la misma en la lógica del 'castigo'. Parece que haberse quedado embarazada a los 16 o 17 años requiere de una penalización que limitará su vida en todos los aspectos. Parecería que las chicas deben cumplir con ese castigo por haber transgredido alguna norma social, por haberse equivocado o incluso por haber sufrido una violencia sexual que, a menudo, no es explícita.

En esta lógica, castigo y responsabilidad parecen funcionar casi como sinónimos. Concepción moralista y, en la mayoría de casos, una moral vinculada a las creencias religiosas. Adquirir responsabilidades a medida que vamos creciendo y vamos entrando en la edad adulta significa ser conscientes de lo que implican las mismas. Ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones en cada etapa, ya sea por una cuestión evolutiva o bien por las circunstancias vitales que nos toca vivir, es un acto de responsabilidad. En este sentido, la maternidad y la no maternidad pueden ser un acto de responsabilidad en igual medida. 

Por otro lado, más importante aún, la libertad de elección. Suponer que el tutelaje familiar sobre esta cuestión actuará por el bien de la adolescente en todos los casos, de nuevo, es una mirada paternalista que resta capacidad de agencia y libertad a las mujeres jóvenes sobre su cuerpo y además no da espacio a la disparidad/discrepancia de valores en el seno de una familia. Una vez más, estamos mirando a la familia como una institución patriarcal donde los padres ejercen en gran medida la propiedad de los/las descendientes. ¿Qué posibilidad tiene una adolescente embarazada que se ha criado en una familia muy religiosa de abortar, si es su decisión y no comparte los valores de sus progenitores? No debemos olvidar que la ley del aborto amplía derechos. No obliga a nadie a abortar. Es una obviedad que es necesario recordar. Debemos tender a una sociedad donde las imposiciones cada vez tengan menos cabida y este es un ejemplo claro de ello. 

Si con este planteamiento no tenemos suficiente cabría recordar o evidenciar que cuando intentamos imponer y doblegar la voluntad de las personas -en este caso las mujeres- ante cuestiones tan trascendentes y relevantes para la vida, como la libertad para abortar, lo que suele pasar es que las mujeres jóvenes, en concreto, buscan sus propias soluciones en la clandestinidad, con las consecuencias dramáticas que más a menudo de lo que desearíamos saltan a los medios de comunicación. Escuchemos las necesidades, entendamos qué historias se esconden detrás de los embarazos adolescentes. Aprovechemos esta nueva oportunidad que nos brinda la ley para entender las realidades, diversas y complejas, con las que convivimos.

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