Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Caso Pegasus: el descontrol después del control

En lugar de dedicarse a filtrar interesadamente los contenidos de la sesión de la comisión de secretos, los señores diputados harían bien en preguntarse si hay que cambiar los mecanismos de tutela judicial del CNI

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La hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a su llegada a la comisión de secretos oficiales, el pasado 5 de mayo de 2022 en el Congreso.

La hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a su llegada a la comisión de secretos oficiales, el pasado 5 de mayo de 2022 en el Congreso. / JOSÉ LUIS ROCA

La comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y su posterior destitución tenían que servir para cerrar la polémica por los ataques con el software Pegasus a los teléfonos de diversos miembros del Gobierno, de la Generalitat y de los partidos independentistas a la espera de lo que investiguen los tribunales. Pero no ha sido así. Seguimos encharcados en Pegasus con continuas polémicas entre los socios de la coalición, sus aliados en el Parlamento y sus respectivas oposiciones. Lo último es que, como cabía esperar, las explicaciones dadas a puerta cerrada en el Congreso se hacen públicas a cuentagotas, de manera sesgada y al servicio de intereses partidistas que se llevan por delante el prestigio de las instituciones. La defensa de la libertad de información nos obliga a defender la publicación de cuantos hechos sean relevantes para el debate político, pero no debe hacerse de manera ventajista para una u otra formación política o sus terminales mediáticos.

El mundo más radicalizado del independentismo insiste en utilizar esta denuncia, que implica graves lesiones en derechos individuales y políticos, para desacreditar a la democracia española. Y una parte del constitucionalismo responde justificándolo todo sin cuestionar nada. Es evidente que entre las misiones que encarga el Estado al CNI está la de protegerlo de quienes quieren alterar su composición sin seguir los caminos legalmente establecidos. La independencia como idea política no constituye ningún delito, pero los dirigentes que intentaron conseguirla unilateralmente están bajo sospecha, lo cual no les deja fuera del amparo del Estado de derecho. Y ese es el núcleo del asunto que está por encima del uso partidista que se quiera hacer en uno u otro sentido.

Aceptado que el CNI puede tener entre sus misiones la vigilancia del independentismo, la cuestión es en qué condiciones. Obviamente, bajo tutela judicial en el caso de que sea necesario intervenir las comunicaciones y esa autorización debe detallar las personas y los asuntos que son objeto de investigación. Si eso es así para cualquier ciudadano, más debe esmerarse el CNI cuando los espiados son dirigentes políticos protegidos por el derecho de representación cuyos titulares son los ciudadanos. Así que, en lugar de dedicarse a filtrar interesadamente los contenidos de la sesión de la comisión de secretos, los señores diputados harían bien en preguntarse si hay que cambiar los mecanismos de tutela judicial del CNI. No parece una buena práctica que el mismo juez, Pablo Lucas, lleve 13 años ocupando esa responsabilidad de manera que es más el magistrado del CNI que el magistrado que controla al CNI. Tampoco parece prudente que, al contrario de lo que ocurre en las investigaciones de la policía, el fiscal no intervenga en esa autorización, lo que reforzaría la defensa de la legalidad. Y tampoco parece razonable que en la era de la transparencia se siga considerando que los ciudadanos son menores de edad y no pueden saber ciertas cosas que sí que pueden oír los diputados para filtrar a su conveniencia.

España es una democracia plena. Pero para que todavía más ciudadanos la sientan así, es necesario debatir las mejoras que se pueden introducir, no solo en este caso que afecta a las formaciones políticas que aprueban la leyes, sino en todos aquellos en los que se pueden ver comprometidos o suspendidos derechos fundamentales de los que la representación política y el secreto de las comunicaciones son dos pilares fundamentales.