Reforma fiscal y redistribución

Como bien documenta el Libro Blanco para la Reforma Tributaria existe entre la población española la percepción de una creciente desigualdad y la necesidad de hacer más redistributivo nuestro sistema fiscal. Esto es así a pesar de que los datos no diagnostican exactamente esto. A pesar de las crisis vividas, la desigualdad en la renta final disponible, que es sobre la que han incidido el gasto público y los impuestos actuales, se muestra prácticamente estable, gracias precisamente a las prestaciones sociales. Mucha información sobre la creciente desigualdad es puntual, aunque vergonzosa (las retribuciones directas e indirectas de algunos directivos son escandalosas), pero es la narrativa de otros países, y de EEUU en particular, la que ha inspirado la literatura económica más internacional (Piketty y otros), más que, afortunadamente, nuestra estadística. Pero la percepción está y con ella el reclamo a favor de un sistema fiscal más redistributivo.

Un vistazo a la realidad nos demuestra que orientar la reforma fiscal hacia una mayor redistribución no es sencillo ni tiene un recorrido claro en el mundo empresarial. En España, atendiendo a la recaudación, sabemos que las cotizaciones (un impuesto proporcional sobre las nóminas que grava la ocupación) son más importantes que los dos impuestos juntos sobre la renta (personal y societario). De entre estos, el que afecta a las personas físicas grava más a las rentas del trabajo que a las del capital, de forma que muy progresiva esta tributación no puede acabar siendo. No es que los gobiernos de los países de todo tipo hayan enloquecido con el discurso de derechas: es que el capital, por contra, se deslocaliza a toque de clic. En cuanto a los impuestos sobre el consumo, IVA, especiales y toda la imposición medioambiental que nos espera, irremediablemente es y será regresiva, puesto que pagan en proporción a su renta más impuestos indirectos los pobres que los ricos.

Si queremos, pues, luchar para reducir la desigualdad, siempre un objetivo socialmente deseable, lo tenemos que hacer por otras vías, más allá de la tributaria. Nos conviene, en todo caso, un buen sistema fiscal ajustado a la evolución de la economía, para garantizar el cumplimiento de todos. Primero, el sistema tiene que recaudar de manera eficiente y suficiente para sufragar el gasto social. Segundo, las actuaciones en el campo de la política pública dependen de qué desigualdad focalizamos. Ayudar a quienes están peor se puede hacer desde la fase de entrada en el mundo del trabajo, con más educación, formación laboral, buenas políticas activas de ocupación, asistenciales (sanidad, rentas de reinserción); en la esfera productiva, con regulación de salarios mínimos y garantías laborales, y finalmente complementar la estrategia de ayuda a los grupos de renta inferior con transferencias sociales de renta, corrigiendo todo lo que no se haya podido corregir en las fases anteriores. Muy poco, pues, manipulando impuestos. Si nos preocupa la desigualdad por la desaparición preocupante de las clases medias las actuaciones razonables son de ‘pre-producción’ y empezarían por una mejor calidad de la educación superior, que en la fase de mercado favorezca la creación de trabajo cualificado, así como relaciones laborales más 'conveniadas' y de capital compartido bajo formas cooperativas. Y solo como complemento o salvaguardias, disponer de redes de seguridad final para garantías básicas. Finalmente, si preocupa el creciente peso de los más ricos, cada vez más polarizados, lo que se puede focalizar en las fases previas de la producción es el impuesto de sucesiones, en el papel de igualar mejor a los entrantes en la carrera de la vida, para hacer una sociedad más meritocrática que legitime los logros de cada cual; en la fase del mercado, son las normativas antiabuso, de dominio monopolístico y el ventajismo político las que suelen favorecer a las clases más privilegiadas. Y al final, según los resultados anteriores, de las rentas salidas del mercado, el impuesto de patrimonio.

Nótese que casi todas las actuaciones requeridas son por el lado del gasto, de la regulación y de dos impuestos que en algunos países están siendo cuestionados. Un toque de atención entre objetivos e instrumentos de la política pública para que el entusiasmo no haga perder el sentido de la realidad.

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