Una disputa en nombre de Cerdà

Los alcaldes y alcaldesas aspiran a dejar huella en la ciudad que gobiernan, aunque no siempre lo consiguen. Ada Colau también y su apuesta es la reforma urbanística de once hectáreas del Eixample, popularmente conocida como la 'superilla'. El proyecto pretende impulsar una movilidad sostenible y consolidar lo que publicitariamente se ha denominado el “Eixample del siglo XXI” y, para ser más precisos, enterrar el “modelo Barcelona” (que tanto incomoda al actual consistorio) con paletadas de la “nueva materialidad”, preconizada por los teóricos al mando. 

La 'superilla' del Eixample, sin embargo, parece encaminada hacia los juzgados, lo que retrasaría probablemente su capitalización en las próximas elecciones. Bien sea a la jurisdicción del contencioso administrativo, como final de las muchas alegaciones presentadas (Cambra de la Propietat, Cambra de Comerç y la del exarquitecto jefe de Barcelona, Oriol Clos, entre otras) o a la penal, como está valorando la fiscalía después de recibir una querella por supuesto delito contra la ordenación del territorio, presentada por la asociación Salvem Barcelona, o en las dos a la vez.

La intervención en el corazón de Barcelona ha despertado una resistencia singular. Impulsores y detractores aspiran a actuar en nombre de Cerdà, todos quieren proteger su legado, todos comparten el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental de la ciudad; pero discrepan profundamente en el método político-administrativo a seguir, además de las medidas concretas, cuyo debate ha pasado inadvertido. El propósito municipal implica cambiar el funcionamiento y la imagen del entramado reticular del Eixample, un objetivo de la máxima trascendencia para el funcionamiento de la ciudad y para la movilidad metropolitana que afecta, además, a la identidad de Barcelona.

Los gestores del urbanismo táctico lo están tramitando como una suma de pequeñas obras ordinarias de reurbanización, como quien no quiere la cosa, aunque la cosa sea el concepto estrella del mandato y afecte al mismísimo plan Cerdà. La batalla se ha desencadenado por parte de quienes reclaman una modificación previa del planeamiento urbanístico dado el cambio de la función básica del sistema del Eixample, lo que implica retocar el PGM y tener que buscar las mayorías políticas imprescindibles, más allá de la rutinaria comisión de gobierno.

El conflicto no es solo materia de abogados, es una interpelación directa al PSC sobre el macroproyecto, disimulado en cuatro iniciativas y 20 propuestas de apariencia menor. Los socialistas no han cerrado su apoyo a la 'superilla'; coinciden en el objetivo medioambiental pero creen que hay que reconsiderar las medidas de movilidad y la tramitación. La proximidad de la precampaña de las municipales complicará cada día más las dificultades para consensuar el proyecto, siempre y cuando la justicia no haya intervenido con anterioridad. El legado de Cerdà parece condenado a ser materia de sumario, como lo fue en su día el de Gaudí por el túnel del AVE. 

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