Una inflación muy preocupante

En el momento presente de elevada incertidumbre geopolítica y económica nadie se aventura a decir cuándo se frenará la escalada de la inflación, pero todo apunta a que no será pronto: el IPC se disparó en marzo hasta el 9,8%, la mayor subida desde 1985, según el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Muy probablemente, los precios seguirán subiendo unos meses más, antes de llegar a su cénit y empezar por fin a moderarse. Sin embargo, cuanto más se tarde en «doblegar la curva» (expresión muy gráfica que remite a las olas de la pandemia y que este miércoles recuperó Pedro Sánchez para referirse al contexto actual de alta inflación), peores repercusiones tendrá en la economía, sobre todo en salarios, pensiones y consumo. La situación es muy preocupante y que la guerra de Ucrania no parezca acercarse a un fin próximo no ayuda a tranquilizar los ánimos. La eventual subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) estudia adoptar después del verano lograría frenar la inflación, pero a la vez ralentizaría el crecimiento económico cuando no se ha consolidado la recuperación. 

Aunque el dato adelantado no está desglosado, se sabe que la subida de precios afectó a la mayoría de componentes del IPC, y muy especialmente a la electricidad, a carburantes y combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. Según Sánchez, el mal dato se explica en un 73% «por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados, todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania». Lo cierto, no obstante, es que la inflación ya se intuía como un problema desde meses antes de que estallara el conflicto bélico. Y el hecho de que la inflación subyacente (que excluye los elementos más volátiles y, por tanto, se considera más fiable) alcanzara en marzo un nada despreciable 3,4% refleja que el encarecimiento no se circunscribe a la energía, sino que es general.

El presidente del Gobierno hizo suya la misión de rebajar la inflación y expuso en el Congreso sus dos principales armas para hacerle frente: el plan de choque para mitigar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, aprobado el pasado martes, y el acuerdo con la Unión Europea para topar el precio del gas y desvincularlo del de la electricidad. Efectivamente, medidas como aplicar una rebaja media de 6 euros en el recibo de la luz y de 20 céntimos por litro en los carburantes aliviarán la carga que soportan los consumidores, pymes y autónomos, por lo que son bienvenidos, si bien hay dudas sobre si la duración de este plan, tres meses, será suficiente. Más efectiva puede ser la desvinculación del precio del gas en el mercado eléctrico, pero aún habrá que esperar entre tres y cuatro semanas para que entre en vigor, un tiempo que puede resultar eterno. Se notan ahora los efectos de la pasividad gubernamental de semanas anteriores, cuando los empresarios advertían de las presiones sobre los precios energéticos y de materias primas y reclamaban actuaciones urgentes.

El siguiente paso será acelerar la negociación entre sindicatos y patronal sobre el nuevo pacto de rentas que defina cómo deben evolucionar los salarios en los próximos años. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo y es oportuno equilibrar la brusca devaluación salarial que ha comportado la escalada de precios. Pero el riesgo de que esto desboque en una espiral inflacionista obliga a buscar una fórmula que distribuya el peso entre la subida de sueldos y los beneficios empresariales. El diálogo social vuelve a ser una vez más determinante.