Ante la reforma fiscal

La próxima semana, la comisión de expertos designada por el Ministerio de Hacienda presentará su propuesta de reforma fiscal tras la que, hace unos días, dio a conocer el grupo de trabajo de la patronal Foment. Ambas, y otras que seguramente se añadirán, serán una buena base para un debate que se presume complejo y difícil de conducir, dada la mucha radicalidad y nula empatía del momento político. Unas discusiones que podemos situar en cuatro grandes ámbitos.

En la fiscalidad a las personas físicas, se debe entender la necesaria coherencia entre los diversos tributos que la componen, pues tendemos a caer en el error de considerarlos por separado. Los impuestos sobre renta, patrimonio y sucesiones conforman un todo interrelacionado por lo que, por ejemplo, la cuestión no es solo si mantenemos o no patrimonio sino, caso de eliminarlo, cómo ajustamos renta y sucesiones para no perder ni capacidad recaudatoria ni equidad del modelo.  

Por lo que a sociedades se refiere, lo fundamental es racionalizar esa confusa amalgama de deducciones, bonificaciones y exenciones que, año tras año, van acumulándose sin demasiada coherencia. Una suma de beneficios que favorecen en poco la competitividad y, sin embargo, reducen en mucho la recaudación. 

En tercer lugar, se requiere afrontar con mayor determinación el fraude fiscal, que permanece en niveles insostenibles. Para ello, Hacienda debería orientar sus capacidades más a descubrir las bolsas de fraude que al control exhaustivo sobre los que ya atienden sus obligaciones tributarias.

Y, finalmente, resulta fundamental la armonización fiscal entre territorios pues, de lo contrario, favorecemos la elusión, el no pagar impuestos dentro de la legalidad. Nada justifica las exageradas diferencias tributarias entre Estados de la Unión Europea y, mucho menos, entre Comunidades Autónomas. Sin duda, no está la política en su mejor momento para un debate tan complejo, pero no hay más remedio que intentarlo.  

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