Tributación

La fórmula fiscal de Foment: suprimir el impuesto de patrimonio y aflorar la economía sumergida

La patronal catalana propone al Gobierno que haga aparecer 33.000 millones en tributos no declarados con un plan a cuatro años

La organización presidida por Sánchez Llibre apuesta por bajar impuestos y recaudar más mediante la lucha contra el fraude

Josep Sánchez Llibre

Josep Sánchez Llibre / JOAN CORTADELLAS

Agustí Sala

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La reforma fiscal, que el Gobierno prevé poner en marcha el año que viene, ha suscitado discrepancias entre los socios socialistas y podemitas del Ejecutivo y ha hecho que Foment del Treball se mueva para realizar sus aportaciones al debate basadas en combatir la economía sumergida y suprimir el impuesto del patrimonio, entre otras medidas.

"Ahora es la hora de bajar impuestos. No faltan impuestos sino contribuyentes" esa ha sido la tajante conclusión del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre durante la presentación el 'Libro verde sobre la reforma fiscal' elaborado por una veintena de expertos congregados hace casi un año por la patrona catalana. Este grupo de trabajo ha entregado sus conclusiones antes de que lo haga la comisión de expertos también en 2021 por el ministerio de Hacienda, que lo hará antes de acabar este mes y que trabaja en consensuar recetas para la armonización fiscal entre autonomías, uno de los objetivos del Gobierno.

Foment concluye que la cuestión no es subir impuestos para que tributen más quienes ya lo hacen. En los últimos 10 años, recuerdan, la presión fiscal (el peso de los impuestos en la economía) ha subido 5,1 puntos del PIB, mientras que la media europea lo ha hecho en solo 2,1 puntos. A juicio de Sánchez Llibre "no hay una fiscalidad más baja sino que hay menos cumplimiento. La solución es hacer que paguen los que hoy no pagan" y potenciar una "fiscalidad competitiva y reforzar el estado del bienestar".

En esta línea, una de las propuestas esenciales consiste en reclamar al Gobierno un plan estratégico a cuatro años para aflorar 10 puntos de la economía sumergida, con un aumento de recaudación equivalente al 3,5% del PIB, 33.000 millones de euros y 1,5 millones de asalariados que en la actualidad trabajan en la economía irregular. Ha recordado que los datos de distintos organismos internacionales, como la OCDE, estiman que la economía sumergida en España se sitúa entre el 22% y el 25% del producto interior bruto (PIB) y que los gobiernos deberían reconocer este hecho. Como consecuencia de ello ha defendido aflorar más contribuyentes y España se situaría más próximo a la media europea.

La patronal catalana también destaca que los impuestos sobre el capital y la propiedad en España se sitúan por encima de la media europea, mientras que los que recaen sobre el trabajo (salarios) son menores: 50,5% frente al 52,2% en la zona euro. Eso, agregan, se debe a una tasa de paro elevado "y a un alto volumen de economía sumergida (10 puntos por encima de la media europea). Y subrayan que los patronos, en cambio, pagan cargas equivalentes al 9% del PIB, frente a una media del 8,2% de la UE y del 8,5% en la zona del euro. Los impuestos sobre el consumo, por su parte, (por ejemplo el IVA) solo representan el 9,4% del PIB frente al 11% de la media europea.

Críticas

Las conclusiones de este grupo de expertos, que se trasladarán a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la CEOE, se adelantan a las de la comisión de expertos constituida por el ministerio de Hacienda, que tiene que entregar su libro blanco antes de acabar este mes y se encuentran discutiendo el apartado de la armonización fiscal entre autonomías con impuestos cedidos como el de patrimonio o sucesiones.

Foment, junto con la CEOE llegaron a llevar ante el Defensor del Pueblo el impuesto del patrimonio para que lo impugnara ante el Tribunal Constitucional, pero la iniciativa no prosperó. La patronal catalana también ha sido muy crítica con la fiscalidad del Govern y ha denunciado que esta puede provocar deslocalizaciones de la industria.

Sánchez Llibre ha defendido suprimir el impuesto del patrimonio, que "es confiscatorio y perjudica al ahorro y la inversión y penaliza el crecimiento económico". A su vez reclaman a la Generalitat que, mientras no se declare inconstitucional el tributo plantee una bonificación del 100% como en otras autonomías, por ejemplo Madrid. Catalunya recauda actualmente más del 45% total que se recauda por este gravamen en todo el estado.

Reducción de tipos

También propone el mismo tipo de bonificación, es decir, liberar del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares más directos, como cónyuges e hijos "siempre que no superen el millón de euros", así como una reducción de los tipos con un mínimo del 4% y un máximo del 9%.

A su vez reclaman proteger la continuidad de la empresa familiar ampliando las ventajas fiscales a tíos y sobrinos, así como reducir el impuesto de sociedades para los beneficios reinvertidos o los no repartidos, lo que supondría un tipo mínimo del 15%. así como la reintroducción de la deducción sanitaria del 15% en en IRPF.

Por otra parte se pide también una revisión del gasto público para mejorar su eficiencia y eficacia. A juicio de Foment existe un gran diferencial en cuanto a esta materia con el resto de países europeos.

El grupo de expertos está coordinado por el consejero de la presidencia de Foment, Manuel Silva; y el presidente de la comisión fiscal de la organización, Valentí Pich, quien ha reclamado aclarar el régimen fiscal de la empresa familiar y se ha preguntado si el impuesto del patrimonio, que se aplica en pocos países desarrollados, según Foment, sirve o no para atraer talento. Pich ha asegurado que las propuestas son "posibilistas".

Sánchez Llibre ha defendido cualquier armonización fiscal que vaya en la línea de rebajar impuestos en las autonomías, no al contrario.

Foment también destaca que con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se liquida por ejemplo al comprar una vivienda de segunda mano, en Catalunya, los empresarios y ciudadanos soportan por sus inversiones una carga tributaria que "es prácticamente el doble de la que soportarían las mismas personas si su inversión la hacen en la comunidad autónoma de Madrid, e incluso en el País Vasco y Navarra".

Respecto al IRPF, además de recuperar la deducción por gastos sanitarios, proponen actualizar las tarifas para corregir el efecto de la inflación y aplicar ventajas tributarias a la compra de vehículos eléctricos e incrementar el límite de las aportaciones a planes de pensiones.

En materia de IVA defienden modificaciones a favor de las pymes "y no discriminar sectores de actividad". Y en impuestos medioambientales favorecer tanto los comportamientos en la generación como en el consumo de energía y garantizar la descarbonización y la reducción de emisiones.

El grupo de expertos

Los miembros del grupo de expertos son:

Josep Ma. Balcells Cabana (Col·legi de l’Advocacia Barcelona)

Núria Cabré Plana (Garrigues)

Pedro Cambas Puente (ETL Global ADD)

Joan Francesc Corona Ramón, Catedrático de Hacienda Pública de la UAO

Josep Ma. Coronas Guinart (Coronas Advocats)

Ignacio Costa (Cuatrecasas)

Gorka Crespo (Ernst & Young)

Borja d’Abadal Gámiz (Augusta Abogados)

Bruno Domínguez Alonso (Baker McKenzie)

Antoni Duran-Sindreu (Duran-Sindreu Asesores Legales)

Jacobo García-Nieto Serratosa (GNL Russell Bedford)

Sergio González-Anta (KPMG)

Raquel Iglesias, Vicedecana de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya

Victor Isábal, Grant Thornton

Vicente Martínez Pujalte, Consejero de la presidencia de Foment del Treball

Jaume Menéndez, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Economista Fiscal

Miguel Ángel Morales (Uría Menéndez)

Enric Moret Plume (Roca Junyent)

Samuel Navarro Lorente (OBN)

Joan Francesc Pont Clemente, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Barcelona

Esteban Raventós (Baker McKenzie)

Daniel Rioperez Losada (Osborne Clarke)

David Rivero (PricewaterhouseCoopers)

Joan Antoni Sánchez Carreté, fiscalista

Enrique Seoane (Deloitte)

Manuel J. Silva, Coordinador del grupo y consejero de presidencia de Foment del Treball y socio consultor Roca Junyent

Jordi Alberich Llaveria, Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball

Jordi Casas, director del gabinete del presidente de Foment del Treball

Helena de Felipe, Presidenta de FEPIME y vicepresidenta de Foment del Treball

Salvador Guillermo Viñeta, Director de Economía de Foment del Treball

Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment del Treball

Valenti Pich, presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball y del Consejo general de Economistas.

David Tornos, secretario general de Foment del Treball

Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball