Conflicto entre poderes Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El legislativo se somete al judicial

La soberanía popular, esa perversión afrancesada, queda aplastada entre el poder ejecutor y el perjudicial

1
Se lee en minutos
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una foto de archivo.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una foto de archivo. / Efe / Mariscal

Se discute si los jueces deben nombrar a los jueces, como si no lo hicieran ya. Ni se plantea que los ciudadanos nombren a los jueces. O que los ciudadanos sustituyan a los jueces, dado que ningún adulto en su sano juicio imputaría a Tezanos por malversación, confundiría el placer sexual con el dolor de una violación o castigaría con años de cárcel a quien llamara ladrón a Juan Carlos I. Para consolarse, la plebe todavía nombra a los parlamentarios, su única prerrogativa antes de que Meritxell Batet sometiera también el poder legislativo al judicial, en aplicación de la ley del miedo insuperable.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

La segunda amenaza del Supremo a Batet, emitida por un Marchena muy inferior en cargo a la presidenta del segundo poder del Estado, demuestra que un escrito burocrático también puede ser machista. Destilaba un aire burlón y funcionó, porque la socialista se vio encarnada en Carme Forcadell. No es un delirio. José Antonio Martín Pallín fue magistrado del Supremo y predica la teoría de la “inelegibilidad sobrevenida”, artificio concebido contra los políticos catalanes y aplicado ahora con ferocidad a un don nadie de Podemos que pasaba por allí.

Noticias relacionadas

El Supremo limpia de suciedad la estatua de Juan Carlos I y le recuerda al pueblo que estos no son sus poderes. Se anula el voto de quienes apoyaron a un diputado condenado a mes y medio de cárcel, con una indemnización de 50 euros para el agredido. El agravante indudable de las rastas no acaba de justificar la desproporción. Claro que si Jordi Cuixart hubiera lesionado de levedad a un agente de la autoridad, se hubiera llevado 35 años de cárcel, las miradas de odio independentistas se cotizan en décadas de prisión. Ni siquiera cabe entrar en la caducidad del presidente del Tribunal, o en que Marchena utilizó papel con membrete oficial para el trámite privado de apearse de la carrera sucesoria. El legislativo desaparece de escena, de uno en uno. La soberanía popular, esa perversión afrancesada, queda aplastada entre el poder ejecutor y el perjudicial.