Reforma necesaria Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Menores no acompañados, el fin del despropósito

La reforma del reglamento de la ley de extranjería para conceder permiso de trabajo y residencia a los jóvenes extutelados favorece su integración en la sociedad

3
Se lee en minutos
Menores migrantes, sentados en un banco.

Menores migrantes, sentados en un banco.

Venciendo la resistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Consejo de Ministros aprobó el martes la reforma del reglamento de la ley de extranjería para conceder permiso de trabajo y residencia a los jóvenes extutelados que, tras ser formados y acogidos por las administraciones y oenegés quedaban al cumplir los 18 años en situación irregular, al imponérseles unos requisitos imposibles para renovar su permiso de residencia y obtener el de trabajo. Situación draconiana que abocaba a la mayoría de esos jóvenes a la inseguridad vital, la marginalidad, la economía sumergida, el trapicheo y en algunas ocasiones empujaba hacia la delincuencia. Además, este horizonte desmotivaba a muchos a continuar su itinerario educativo y laboral, dado que no podrían trabajar en aquello para lo que se formaban. La política de extranjería e inmigración española ha sido en demasiadas ocasiones restrictiva, abocando a los migrantes a situaciones de trabas burocráticas e irregularidad, creyendo que así se frenaría el flujo de entrada. Políticas restrictivas nunca han frenado los flujos, solo han conseguido abocar a trabajar en la economía sumergida.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Estando a punto la reforma del reglamento para que estos jóvenes pudieran trabajar, el Ministerio del Interior frenó su aprobación tras la crisis de Ceuta de mayo, cuando Marruecos empujó a miles de jóvenes a llegar a España, entendiendo el equipo de Marlaska que subsanar el vacío legal en el que quedaban estos jóvenes al cumplir 18 años generaría efecto llamada. Pero, como se ha visto tantas veces en España, esta visión policial de “pongámoslo difícil por si acaso”, lejos de frenar los flujos solo consigue abocar a los migrantes a la irregularidad. Irregularidad que, en el caso de los jóvenes no acompañados, les mostraba al llegar a su mayoría de edad una salida vital por caminos distintos al trabajo y la integración social. Costó años conseguir que los jóvenes extranjeros reagrupados por sus progenitores pudieran trabajar como cualquier otro joven y evitar el absurdo de que, teniendo permiso de residencia, debieran esperar unos años para conseguir el de trabajo. Y también vivían situaciones similares los solicitantes de asilo que, por la demora burocrática, pese a haber entregado su solicitud y en muchos casos estar ya acogidos por una de las oenegés que les alojaba y tutelaba su formación, no les llegaba el permiso de trabajo. Los solicitantes de asilo ahora pueden trabajar a los seis meses de que sea admitida a trámite su solicitud, admisión a trámite que ahora es más ágil.

Pese a las voces que se alzan, no solo desde la ultraderecha, exigiendo políticas de puertas cerradas y expulsiones masivas como solución mágica a los problemas de desempleo y los insuficientes recursos para financiar los servicios sociales, de vivienda y sanitarios, como hemos visto con el Brexit, la inmigración es absolutamente necesaria para mantener el sistema productivo y la atención a nuestros mayores. El Reino Unido cerró la puerta a la inmigración de los ciudadanos comunitarios, regresando muchos a sus países y la ha cerrado también a los inmigrantes extracomunitarios con permiso de trabajo válido para la Unión Europea. Y la consecuencia ha sido quedarse sin conductores de camiones y sin personal para muchos servicios esenciales, dándose  un problema de desabastecimiento.

Noticias relacionadas

Los menores no acompañados son  tal vez el grupo más atacado en España por la ultraderecha de Vox, al responsabilizarles colectivamente de la inseguridad y atribuirles un gasto público mucho mayor del que es realmente. Y la situación vigente hasta ahora de no dejarles trabajar y quitarles el permiso de residencia a los 18 años, de alguna manera legitimaba los argumentos de la ultraderecha: los acogemos cuando son menores porque nos obliga la Convención de Derechos del Niño, pero queremos que se marchen al cumplir 18 años.

Más allá de no ser ciertas las cifras de su coste que daba Vox o la atribución genérica de todo tipo de delitos, sí era cierto que era un despropósito que se invirtiera en formación y acogida para que se integraran en una sociedad que, al llegar a su mayoría de edad, les negaba vivir asumiendo unos derechos y obligaciones que habían estudiado.