Ágora

Pasaporte covid e interés común

El pasaporte covid debería poder ser exigible también para el acceso a los puestos de trabajo, y el uso de la libertad individual para la no vacunación no debe ser a costa de los compañeros de trabajo o las empresas .

La justicia avala el uso del pasaporte covid para acceder a las discotecas

La justicia avala el uso del pasaporte covid para acceder a las discotecas

Josep Ginesta

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Durante meses hemos constatado cómo la limitación de actividades económicas alrededor de la restauración, el ocio y el recreo no ha condicionado que este se produjera, y de forma incontrolada, cuestionando muchas de las decisiones tomadas. Actividad económica y seguridad son posibles, o dicho de otra forma, cuando las actividades se realizan bajo la mirada de un empresario responsable que aplica protocolos y medidas de prevención, el riesgo disminuye radicalmente.

Nos hemos prestado a un debate ficticio alrededor de la confrontación del interés individual y el colectivo. Igual que ha sucedido entre actividad y seguridad. Ambos se han llevado al absurdo; se ha contrapuesto el interés y las libertades públicas de las personas y la capacidad o no de limitarlas. Falso debate, porque resulta evidente que se han limitado múltiples libertades, como la de la libre circulación o la libertad de empresa, con un objetivo razonable y superior -la salud, la vida- pero asumiendo limitaciones muy relevantes de derechos.

Con el avance de la vacunación y en la inmunidad de grupo, el pasaporte covid se ha convertido en una credencial que nos aporta esa percepción de seguridad que permite recuperar libertades, pero también la actividad empresarial ordenada que mueve nuestra economía. Su instauración progresiva, demorada más de lo razonable, se había hecho ya en muchos países que no podemos catalogar como poco respetuosos con las libertades públicas, sino que al contrario, las ponderan en beneficio del bien y el interés común. Si son medidas que permiten el control de la pandemia y que las actividades se realicen de manera ordenada estamos avanzando, sin limitar la libertad de todos, en el mejor de los controles. Pero no solo eso, sino que la recuperación mediante credenciales de la actividad, a pesar de que pondere en parte la libertad individual, genera una expectativa de recuperación y mejora la capacidad de crear riqueza y trabajo. Permite generar la autonomía que necesita la economía para convertirse en el mejor mecanismo para la distribución de la riqueza, por medio del trabajo, de las cotizaciones, de los tributos, y generar el bien común necesario para, al mismo tiempo, reforzar las mejores políticas públicas que ayudan allí donde no somos capaces de generar igualdades o donde el sistema necesita de equilibrios.

Por lo tanto, el pasaporte parece razonable que esté presente en más lugares y con más intensidad, priorizando la libertad de los que adoptan las medidas recomendadas por la OMS y autoridades sanitarias.

Por otra parte, la libertad individual que guía el derecho al uso del propio cuerpo y las creencias se debería preservar, pero no a costa de generar más obligaciones o limitaciones a todo el resto de la ciudadanía. Esta libertad, tal vez, podría no dar como resultado, como se hace en algunos países, que a un centro de trabajo se ponga con mayor riesgo a las personas que trabajan cuando alguien, libremente, ha decidido no vacunarse o no acreditarlo. No se debería seguir imponiendo obligaciones a las empresas cuando las personas hagan uso legítimamente de sus derechos individuales para no vacunarse, ponderando los derechos colectivos. La libertad de no hacer debe conllevar la limitación de derechos para el que lo hace, no para el resto, ni para la colectividad. El pasaporte debería poder ser exigible también para el acceso a los puestos de trabajo, y la no vacunación y el uso de la libertad individual, asumida por el Estado que quiera garantizarla, no por los compañeros de trabajo ni por las empresas .

Esta cuestión, limitar derechos fundamentales y libertades públicas, cuando entran en colisión entre sí, se ha resuelto en múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia moderna, aplicando los tribunales el triple juicio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Al final, hablamos de sentido común, y de aquellas máximas que dicen que mis derechos deben terminar donde empiezan los tuyos, cuando alteran el ejercicio con plenitud de tus derechos. Lo que es seguro, sin embargo, es que el bien común, el interés común, vive necesariamente del respeto de las libertades, pero también de priorizar en cada momento, por medio del sentido común, lo que nos imponemos como sociedad. Estamos en momentos en que hay que imponer este sentido común, como por otra parte ya hacen en otros lugares sin demasiados aspavientos.

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