La Audiencia Nacional obliga a García Castellón a imputar a un policía por facilitar datos a Villarejo

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que cite a declarar como investigado a un policía y a cuatro abogados en relación con la extradición a España en 2009 del empresario navarro Pedro Urrutia, que residía en Costa Rica, según consta en un auto de 1 de marzo de 2024, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. Los magistrados sostienen que la participación de los denunciados en los hechos "presenta caracteres delictivos", por lo que no podían comparecer como testigos como había acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

La Fiscalía Anticorrupción considera, por su parte, que hay indicios de criminalidad en relación al bautizado por Villarejo como "Proyecto IBAN", pues sostiene que el comisario jubilado "accedió a bases restringidas, de la Policía, y que ello era conocido, tanto por los clientes, como por el despacho de abogados intermediario". Los dueños de la mercantil Asedir Gestión sospechaban que habían sido víctimas de un fraude de unos 20 millones de euros, y por eso "encargaron la prestación de los servicios al Grupo Cenyt", propiedad del ex mando policial, que en el primer informe elaborado ya ofertaba a su cliente, "a cambio de 500.000 euros, la ejecución de un proyecto de análisis e inteligencia con tareas de información e investigación".

Anotaciones de Villarejo sobre el proyecto IBAN

Y dentro de esta presunta operativa parapolicial urdida por Villarejo, prosigue Anticorrupción, se constata que el 12 de julio de 2007 se presentó una denuncia "que dio lugar a una investigación policial (Operación Grieta) en la que la UDEF actuó como Policía investigadora y que luego se judicializó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa)". Fue en el seno de esta instrucción en la que acabó siendo arrestado en 2008 en Costa Rica el empresario navarro Pedro Urrutia, destaca Anticorrupción, que no obstante apunta que estos hechos estarían ya prescritos.

Sobre la prescripción

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia no está de acuerdo con el fiscal encargado de la causa, y establece que mientras que el juez no declare "la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de esos hechos, la citación de las personas que hubieran intervenido en ellos debe necesariamente ser realizada como investigados, posibilitando así el ejercicio de su derecho de defensa, con la correspondiente asistencia letrada y la posibilidad de acogerse a su derecho constitucional a no declararcontra sí mismos ni a declararse culpables".

Los magistrados de la Sala de lo Penal también rechazan pronunciarse sobre esta prescripción, ya que, explican, "es un pronunciamiento que corresponde, en primer lugar, al magistrado instructor, posibilitando así la previa audiencia de todas las partes y la eventual interposición de los recursos ordinarios oportunos".

Tal y como adelantó este periódico, las agendas de Villarejo incluyen alusiones recurrentes durante varios años a las supuestas maniobras que el clan policial que dirigía el comisario jubilado habría realizado para lograr la extradición de Pedro Urrutia.

Autoridades de Costa Rica

Los presuntos integrantes de la organización liderada por el comisario pretendían contactar con autoridades judiciales de Costa Rica, país en el que vivía Urrutia tras contraer matrimonio con una mujer natural de este país, para conseguir la entrega de este empresario al Juzgado de Azpeitia. En una anotación de su agenda, Villarejo indica que el letrado Díaz Bastién le dijo, en relación a Costa Rica, que tenían que presionar más "para conseguir la extradición".

El 9 de diciembre de 2009 llegó Urrutia extraditado a España. Había sido detenido en Costa Rica el 21 de octubre de 2008. Tan solo un día antes, el 20 de octubre, Villarejo redacta en su agenda que "Tony" le había asegurado que "todo estaba en marcha en Costa Rica". Y el mismo día del arresto el abogado Díaz Bastién le informa de "la operación IBAN", por la que este letrado estaba "muy contento".