Inestabilidad política Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Golpes de Estado: el rayo que no cesa

El auge de las asonadas tiene su principal escenario en África, que en su todavía corto periodo de independencia acumula más de 200

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Soldados en Níger.

Soldados en Níger. / EFE/EPA/SOULEYMANE AG ANARA

En un segundo plano de la actualidad internacional, mientras Afganistán pierde interés mediático y político y tantos otros conflictos siguen olvidados, resulta llamativo el auge de los golpes de Estado. Algunos saltan de inmediato a la vista -como los registrados en Birmania, Chad, Malí, Níger y Guinea-Conakry en lo que va de año-; otros generan dudas sobre su calificación -como el del presidente tunecino, Kais Saied, el pasado 25 de julio- y hasta alguno fracasa -como los sufridos en febrero en Armenia y en Sudán la pasada semana. En todo caso, y al igual que ocurre con el recurso a la violencia -ensalzada si con ella se logra la victoria y condenada si se salda con la derrota- la ilegalidad inherente a todo golpe de Estado desaparece de inmediato si sus promotores logran su objetivo de controlar el poder político, lo que ocurre en un 60% de los casos, empleando para ello un reiterativo discurso en el que se mezclan apelaciones altisonantes que apenas esconden el afán de poder de sus líderes, sean civiles o militares.

Resulta llamativo que buena parte de los golpes no son liderados por los altos mandos, sino por mandos intermedios (en su inmensa mayoría formados en centros militares extranjeros); lo que indica una total falta de cohesión interna de las fuerzas armadas

No tiene, desde luego, la exclusividad, pero las estadísticas no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que África es el continente más afectado. En su todavía corto periodo de independencia acumula más de 200 golpes, y hoy tres de cada cuatro asonadas en el mundo se han producido en alguno de los 54 países del continente. Peor aún, aunque a mediados de la pasada década parecía que el golpismo había perdido irreversiblemente atractivo, desde 2017 (Zimbabue) la frecuencia no ha hecho más que aumentar y algunos países -como Benín, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Chad, Comoras, Ghana, Guinea Bissau, Lesoto, Mauritania, Nigeria, Níger, Sierra Leona, Sudán y Togo- han sufrido más de una vez esa lacra. Una lacra a la que se suma, también con creciente pujanza, la de los gobernantes que se sienten imprescindibles y deciden violar sus propias constituciones para prolongar sus mandatos más allá de lo permitido (en lo que solo cabe calificar como una variante golpista más). Y de poco parece haber servido para amortiguarla la recriminación de Barack Obama a sus pares africanos cuando, en 2015, les decía que “el progreso de África está en riesgo cuando sus líderes se niegan a irse al acabar sus mandatos”, y añadía que “no entendía por qué quieren quedarse tanto tiempo. Especialmente cuando tienen tanto dinero”.

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A la hora de asignar responsabilidades en la ruptura de un determinado statu quo, resulta inmediato centrar la mirada en los golpistas, dado que son ellos los que producen directamente esa quiebra. En ese nivel de lectura no deja de resultar llamativo que buena parte de los golpes no son liderados por los altos mandos, sino por mandos intermedios (en su inmensa mayoría formados en centros militares extranjeros); lo que indica una total falta de cohesión interna de las fuerzas armadas y un afán de protagonismo personal que hace aún más difícil frenar a sus instigadores. Pero eso dejaría de lado la que afecta a muchos gobernantes crecientemente ilegítimos, que usan el aparato estatal en su propio beneficio, sin preocuparse en atender las necesidades básicas de su población, sin lograr que las fuerzas armadas y de seguridad sean eficaces instrumentos para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y, en definitiva, sin verdadera capacidad y voluntad para ir más allá de atender a su agenda personal.

Uno de los elementos principales para frenar esta inquietante tendencia es el de aumentar el coste que pueda tener para los golpistas su osadía. Y en esa línea cobra relevancia el papel de las potencias extranjeras que tanto se inmiscuyen en los asuntos africanos y las propias organizaciones regionales del continente y la Unión Africana. Desgraciadamente, las primeras -con Estados Unidos y Francia en cabeza, pero sin olvidar a Rusia y China- no parecen muy dispuestas a asumir su corresponsabilidad en la creación del problema ni tampoco a presionar demasiado a los golpistas por temor a que su potencial castigo pueda ser aprovechado por Pekín o Moscú para ampliar su radio de influencia. Las segundas están, además, limitadas por su propia debilidad estructural y por las divergencias internas entre sus miembros.

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