El precio de la luz: efectos indeseados de la transición energética

“Que cada uno habla de la feria según le va en ella”, como escribió Fernando de Rojas en ‘La Celestina’, allá por 1499, se puede aplicar a los comentarios sobre las causas del aumento de la luz y de las medidas adoptadas por el Gobierno para contenerlo. Pero que el precio del gas está alto no es ninguna invención de las grandes eléctricas para cobrarnos más. En el mercado ibérico, ha pasado de menos de 20€/MWh en septiembre de 2019 y 2020 a más de 80 €/MWh este miércoles.

No es ficción, tampoco, que el precio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se ha multiplicado por dos con respecto a 2019 y alcanza una media anual de casi 50€/Tm. Se afirma que conviene que así sea, para luchar contra el calentamiento global. Al subir su precio, las tecnologías que utilizan combustibles que los emiten superarán en costes a las que no, que las sustituirán.

La transición energética no es un plato que se sirva gratis, de ahí la urgencia de articular medidas que distribuyan sus costes de manera justa. Por ejemplo, aplicando los ingresos obtenidos de los certificados para apoyar económicamente a quienes más sufran el impacto de ese aumento de precios. Los derechos de emisión se negocian en un mercado. Pueden adquirirlos y venderlos quienes, a diferencia de la industria, no los requieren para la propia actividad. Esto, junto a que en la UE nos hemos comprometido a disminuirlas un 55% en 2030, frente al 40% que se previó inicialmente, permite especular y que aumente su precio sin una disminución proporcional de las emisiones. Si hay quien se lucra con ello, debería revisarse, en sede europea, la contribución fiscal que se deriva. No hay que militar en el capitalismo libertario para admitir que la intervención pública en la economía puede producir efectos indeseados. De ahí la importancia de afinar la regulación. Como muestra, dos ejemplos.

Primero, el mecanismo previsto por el Gobierno, en el Real Decreto Ley 17/2021, para recuperar los sobreingresos obtenidos por las tecnologías que no utilizan gas, ni han de comprar certificados de derechos de emisión (nuclear e hidráulica, básicamente); pero que se benefician de los altos precios marcados por las que sí lo hacen (carbón y ciclos combinados de gas), no impedirá que las plantas solares y eólicas adjudicadas en las subastas de 2017 sí los cobren. Su regulación de entonces no previó estos aumentos y les asignó el precio del mercado mayorista. 

Segundo, el Foro Nuclear afirma que las centrales españolas que generan electricidad con esta tecnología tienen 5.500 millones de euros por amortizar, y que las medidas del Gobierno ponen en riesgo su viabilidad económica. Mientras, hay quien las da por amortizadas. La contabilidad regulatoria, supervisada por la CNMC, debería aclararlo; pero no es lo mismo si la normativa prevé que los beneficios obtenidos se aplican libremente, o que un porcentaje, necesariamente, debe computarse a efectos de amortización.

En el mercado de generación con las tecnologías que suministran potencia firme al sistema, no sujetas a la intermitencia solar y eólica, la capacidad de producción de las tres primeras operadoras (Endesa, Iberdrola y Naturgy) en conjunto, alcanza el 92% en nuclear, casi el 90% en hidroeléctrica y cerca del 75% en gas natural. La foto no es de un mercado vibrantemente competitivo. Más, si tenemos en cuenta que no puede haber nuevos entrantes ni en la nuclear, con fecha de caducidad, ni en la hidroeléctrica, dependiente de concesiones de dominio público hidráulico con una duración máxima de 75 años que van venciendo, en donde todos los grandes saltos ya están construidos. Siendo la competencia efectiva la mejor regulación, deberían gestionarse estas concesiones caducadas para lograrla. De momento, el Gobierno no lo ha contemplado.

Para no acabar, como la 'Tragicomedia de Calisto y Melibea', en suicidio, esta vez colectivo, la transición energética requiere pasión en el empeño y regulaciones meditadas. Es en interés de todos que el meritorio intento del Gobierno se perfeccione en trámite parlamentario.

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