El futuro de El Prat, en vilo

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció este miércoles que el Gobierno central suspende sus planes de invertir 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de El Prat, en la mejora de sus conexiones ferroviarias y en las compensaciones necesarias ante las hipotéticas afectaciones ambientales. Entre los motivos citados por la ministra de Transportes para llegar a esta situación de pérdida de confianza figura la falta de cohesión en el interior del Ejecutivo catalán sobre el tema y la posibilidad de que miembros del Govern se sumasen a la manifestación prevista para el próximo 19 de septiembre. Pero la inexistencia de una postura única no es menor en el caso del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. Por otra parte, el doble juego de negociar con una mano mientras se agita una pancarta de sentido contrario en la otra (con la duda permanente de si contra Madrid o contra el socio de Govern) parece consustancial a la estrategia de la actual mayoría de gobierno en Catalunya. Es cierto que todo tiene sus límites y hay contradicciones y inconsistencias que tienen consecuencias. Pero si el Gobierno central no está dispuesto a encajar este tipo de gesticulaciones y las fuerzas políticas independentistas tampoco están dispuestas a abandonar esta estrategia, pocas posibilidades hay de acuerdo. En el conflicto que nos ocupa pero, lo que no es menos inquietante, en cualquiera de los muchísimos temas de importancia capital para el futuro de Catalunya que están sobre la mesa.

El estropicio causado es real y profundo, más que un simple requiebro negociador. Es lógico que la ambigüedad en el seno del Govern (que quedó en evidencia este miércoles cuando Puigneró repartió sus reproches entre la actitud del Gobierno y las de quienes han rechazado el acuerdo desde Catalunya) alimente los recelos del Ministerio. Y es cierto que alguna de las respuestas que se planteó desde ERC (que al planear la ampliación de El Prat en realidad lo que quería Aena era hacerla inviable) no parecen muy consistentes. Pero no es menos cierto que muchas de las objeciones planteadas -que la ampliación no conlleve un impacto ambiental en términos que puedan ser inaceptables para la Unión Europea- no pueden considerarse desde el ministerio, sin más, como una negativa que bloquea a ampliación, sino la reclamación de que esta se ejecute en unos términos que pueden no ser necesariamente los planteados inicialmente por Aena. 

La suspensión del proyecto por parte del Ministerio de Transportes no es un 'no' definitivo e irreversible. La situación se ha de reconducir a través del diálogo y del acuerdo. Barcelona merece el aeropuerto que más se adecue a las necesidades de su actividad económica (no solo el turismo, también su capacidad de captar inversiones internacionales e internacionalizar la actividad de sus empresas), que más se ajuste a las expectativas realistas de evolución del tráfico aéreo en el contexto de la emergencia climática (con una previsible reducción del tráfico de corto radio pero sin alternativas en la movilidad de mayor alcance) y que mejor garantice el mantenimiento de los espacios naturales que lo rodean. Que sea imposible conjugar estos factores podría llegar a justificar que la inversión prevista se malograse, aunque cuesta mucho creer que realmente sea inviable llegar a una síntesis aceptable. Que el impedimento sea la incapacidad de los interlocutores de sentarse para negociar de forma responsable sería desesperante. Aún hay tiempo, pero no mucho: ante las dificultades, evidentes, la inacción paralizante no es una respuesta. Es la receta segura para seguir deslizándose hacia la irrelevancia.