El Govern ve "deslealtad" y "chantaje" en la suspensión de la ampliación del aeropuerto

La Generalitat interpreta la retirada de la inversión para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat como una "nueva deslealtad" que, en esta ocasión, se enmarca en una "operación de chantaje" porque el Gobierno "nunca han tenido la voluntad de invertir en Catalunya". Pero más allá de compartir el dardo hacia Madrid, los socios en el Ejecutivo volvieron a mostrar sus diferencias.

El 'vicepresident' Jordi Puigneró compareció desde Bruselas, donde Junts celebra unas jornadas de trabajo, para defender que la retirada de la inversión de 1.700 millones de euros era "injustificable", por lo que no dio por cerrada la negociación. "El Estado español no cumple una vez más con Catalunya", dijo, criticando al PSOE y Unidas Podemos. Pero continuó exhibiendo sin tapujos su choque con ERC y evidenció su "malestar y enojo" por la "confusión generada por parte de algunos respecto a este proyecto" pronunciándose en contra de la nueva infraestructura por su posible impacto medioambiental. "No podemos avanzar en un país de progreso si ponemos en cuestión infraestructuras tan importantes. Quiero lamentar la frivolidad y el populismo que han vuelto a hacer mucho daño en Catalunya", apostilló.

Puigneró insinuó que las reservas de Esquerra, sus socios en el Executiu, por la afectación que podría suponer en la biodiversidad y más todavía su posible presencia en la manifestación convocada por entidades ecologistas contra la reforma del aeródromo el 19 de septiembre en Barcelona, habían echado al traste la operación que él mismo lideró en nombre del Govern: "Siempre he estado, permanentemente, trabajando en este proyecto. Que cada uno reflexione sobre su papel", sentenció.

El 'president' Pere Aragonès no entró al trapo. Enmarcó la decisión del Gobierno como la reacción al freno de la Generalitat a aceptar una "imposición" y sostuvo que el gesto del Ejecutivo central "ratifica la necesidad de que Catalunya decida sobre su futuro político". "No podemos continuar aceptando este modelo de imposición permanente", sentenció en las redes sociales.

División entre socios

La semana pasada, tras conocerse que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) detallaba la ampliación extendiendo la tercera pista hacia el Este, lo que supondría afectar la Ricarda, Aragonès se apresuró a exigir una rectificación y garantías para blindar la laguna, imprimiendo sello propio y asegurando que no respetaba "el consenso del Govern" ante un pacto inicial que lideró Puigneró y que para Junts estaba abierto a negociación en el plan director. Pero Aena mantuvo que el documento no introducía ningún cambio respecto al acuerdo alcanzado previamente.

Para evitar choques internos, el Govern cerró filas el sábado situando la laguna de la Ricarda como "línea roja" para la ampliación de la infraestructura, un extremo que enervó al Ejecutivo central que decidió dar marcha atrás y suspender la inversión al constatar que levantaba polvareda dentro del Govern.

"¡Cómo quieren que no seamos independentistas si ni invierten ni nos dejan invertir!", espetó el 'vicepresident' defendiendo que el pacto era un 'win-win' porque permitía disfrutar de "un aeropuerto intercontinental y proteger el espacio natural". Pese a la decisión del Gobierno, Puigneró blindó la mesa de diálogo porque "nada tiene que ver" una cosa con la otra.

La CUP y los 'comuns' celebraron la decisión del Gobierno y exigieron a la Generalitat que dejara de apostar por “pelotazos insostenibles, precarios e incompatibles con la ley contra el cambio climático”. “El Govern quería más vuelos y mantener un sistema económico y social insostenible y precario”, deslizó la diputada Eulàlia Reguant en las redes sociales.