Otro año de bloqueo judicial

Aunque esta vez no pronunció palabras de despedida, quizá porque no ve expectativas a corto plazo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presidente de este organismo y del Tribunal Supremo, pronunció su cuarto discurso en la apertura del año judicial con el órgano de gobierno de los jueces pendiente de renovación. Sigue en esta situación desde el 4 de diciembre de 2018, hace más de mil días, casi tres años. Lesmes instó a los dos principales partidos, el PSOE y el PP, a renovar la institución. «Urge -instó-, por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación». 

La situación «resulta insostenible para la judicatura», añadió Lesmes, que repartió responsabilidades, sin mencionar al PP, principal responsable del bloqueo, y fue incluso más duro con el Gobierno al criticar la reforma que desde el mes de marzo impide al organismo efectuar nombramientos precisamente por no haber renovado a sus miembros. Esa reforma, según Lesmes, «ha venido a agravar la situación». Aunque quizá sería más preciso decir que, con la finalidad de presionar hacia el desbloqueo, lo que hace es hacer patente la gravedad de esta situación.

Otra medida que Lesmes y los miembros del Consejo podrían tomar para forzar la renovación sería presentar la dimisión, cuestión que nunca se han planteado. Así, la situación, que constituye una auténtica anomalía democrática y una violación de la Constitución, permanece estancada y bloqueada por el PP mediante diversas excusas que han ido cambiando. Primero fue la presencia de Podemos en el Gobierno y en las posibles negociaciones; después, la candidatura de un juez que redactó la sentencia que condenó al PP en la 'trama Gürtel', y ahora se trata del modelo de elección de los jueces. El PP aduce que 12 de los 20 vocales deben ser elegidos directamente por los jueces y argumenta que es lo que exigen la Unión Europea -cuando lo máximo que ha hecho Europa es una recomendación- y la Constitución, cuando lo cierto es que en la democracia ha habido varios modelos de elección y todos han sido constitucionales. El vigente, que data de 1986, fue renovado por un pacto del PSOE y el PP en 2013 cuando el PP de Mariano Rajoy ya defendía la elección por los jueces, criterio que entonces no le interesó aplicar porque el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso. La realidad es que el CGPJ se renueva sin problemas cuando el PP gobierna y queda bloqueado cuando los populares están en la oposición. Ya pasó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Rajoy bloqueó durante dos años los cambios en el Consejo.

El Gobierno se ha abierto en las últimas horas a reconsiderar en el futuro el modo de elección, en el que podrían intervenir directamente los jueces, pero no ahora porque esa reforma retrasaría aún más la renovación que, según el Ejecutivo, debe hacerse por el sistema vigente. El PP, sin embargo, no se mueve de su intransigencia pese a esas ofertas y exige el cambio ahora, antes de renovar el organismo. Es una demostración de que lo prioritario para el primer partido de la oposición sigue siendo el bloqueo -así mantiene una representación acorde a cuando tenía mayoría absoluta en el Parlamento- y el cambio de modelo solo es un nuevo pretexto para negarse al pacto.