Apertura del año judicial

Lesmes reparte responsabilidades entre Gobierno y PP con los indultos y el CGPJ

  • El presidente del Supremo pide que el Consejo "desaparezca del escenario de la lucha partidista" y sea renovado

  • Niega que la justicia sea una "revancha" o "un obstáculo para la paz", como se argumentó con la medida de gracia

El Rey Felipe VI y el actual presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a su llegada al Tribunal Supremo

El Rey Felipe VI y el actual presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a su llegada al Tribunal Supremo / DAVID CASTRO (EPC)

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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Consciente de que todos estaban pendientes de sus palabras, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, no quiso dejar pasar la apertura del año judicial sin dar respuesta a los asuntos que más preocupan al mundo judicial. Para ello no dudó en repartir responsabilidades entre Gobierno y oposición por la incapacidad que han demostrado para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, y defendió la independencia judicial con reproches al Ejecutivo por haber intentado, para explicar el indulto de los líderes del 'procés', contraponer "la concordia frente al resentimiento", cuando "la justicia no es, ni ha sido nunca un obstáculo para la paz".

Lesmes constató que "la labor de los jueces y su independencia se ponen en entredicho" desde algunas instancias políticas "cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado" y se refirió expresamente a los indultos, cuya justificación, dijo, se planteó como "si la acción de la justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia", cuando es un "instrumento fundamental para salvaguardar el orden público".

Patriotismo y generosidad

Dada esa respuesta que había guardado al menos desde junio cuando se otorgó la medida de gracia, el presidente del Supremo, que este lunes se despidió por cuarta vez de vocales y altos cargos judiciales y políticos, recordó que se ha dirigido hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado para poner fin "a la anormal situación en la que se encuentra el CGPJ" para cuya solución instó a "las fuerzas políticas concernidas" a que, "con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación".

Junto a él se sentaba la ministra de Justicia, Pilar Llop, juez de carrera, y enfrente, entre otras personalidades, el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, y el líder del PP, Pablo Casado. A ninguno pudo sonarle extraño que Lesmes calificara de "insostenible para la judicatura y la propia sociedad" la situación que vive el CGPJ, pero prefirió diluir la responsabilidad. Así reprochó al PP las peregrinas excusas que ha venido utilizando para no a sentarse a negociar el recambio del órgano, entre las que ha figurado sin pudor alguno la proximidad de citas electorales.

La obligación de renovar en su momento las instituciones, entre ellas el CGPJ, "es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cuales quiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender al Constitución que procurando su cumplimiento", aseveró.

"Un deber que dimana de la propia Constitución" no "puede subordinarse a razones de oportunidad política", afirmó Lesmes

No actúa por revancha

Si esa critica se dirigía al PP, la siguiente tenía como destinatario al Gobierno de coalición, porque, en su opinión, la situación generada por "la anormal prolongación del mandato del Consejo" se "ha venido a agravar" con la modificación legislativa que impide que haga nombramientos con el mandato caducado y que ha supuesto que en el Supremo ya se acumulen 11 vacantes en una plantilla total de 79 magistrados.

"La urgencia de esa reforma y su propio contenido se ha querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de la institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos", explicó para recordar que "la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución".

Debilitamiento del Consejo

En su opinión, "unas y otras acciones", las realizadas por la oposición y por el Ejecutivo, "conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo como garante de la independencia judicial", objetivo para el que se creó siguiendo el modelo de países de nuestro entorno.

Lamentó que esta situación de "anormalidad" se esté produciendo en un contexto de pandemia, porque "exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta demanda de todos los órganos jurisdiccionales", incluido el propio CGPJ, "una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles, para continuar con una eficaz defensa del Estado de derecho".

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La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, que también se refirió a la pandemia en el discurso en el que dio a conocer ante Felipe VI la actividad desarrollada por el ministerio público el año pasado, también mencionó los riesgos que puede acarrear que la justicia "se convierta en un campo de la batalla política" por el consecuente deterioro que ello puede suponer al servicio público que presta.

Los recursos por derechos fundamentales crecieron en 2020

La Fiscalía del Tribunal Supremo registró en 2020 un descenso de casos en todas sus secciones a excepción de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, que despachó un 11% más de asuntos que en 2019, es decir, un total de "451 asuntos, de los que 203 se refirieron a derechos fundamentales". Así consta en la Memoria de la Fiscalía que presentó ayer la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, en el marco del acto de la apertura del año judicial.

Durante 2020, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se encargó, entre otros asuntos, de estudiar –a petición de la Sala– los recursos interpuestos contra el Gobierno y miembros del Ejecutivo por los estados de alarma adoptados para gestionar la crisis sanitaria. En comparación con la actividad registrada en otras secciones, es la única que aumentó su carga de trabajo respecto al año anterior.

En el caso de la Fiscalía de la Sección de lo Civil, se despacharon 4.303 informes frente a los 6.308 de 2019. En la Sección Penal se registraron 5.636 asuntos frente a los 6.112 del ejercicio anterior. Y en la Sección de lo Social se atendieron 4.207 casos, cifra inferior a los 5.184 de 2019.

Relativo a los juicios, el Ministerio Público prestó asistencia a 260.715 juicios, frente a los 332.888 de 2019. 140.207 fueron por delitos leves, 112.712 en los juzgados de lo penal y 7.796 en las audiencias provinciales, lo que representa un "fuerte descenso por el estado de alarma".