Jugando con la sedición

El Gobierno aparca su compromiso de reformar el delito de sedición y marca como prioridades la ley de vivienda y la derogación de la reforma laboral. Dicho de otro modo, superada la cárcel, olvidémonos de Waterloo. Es obvio que el aplazamiento supone un desprecio para Carles Puigdemont, ya no es una amenaza que merezca ser desactivada. Que la decisión resulte el quebranto de un compromiso largamente anunciado no parece importar a Pedro Sánchez. En primer lugar, porque no es el primero que rompe, es conocida la capacidad del presidente de decir y desdecirse. En segundo lugar, porque el anuncio coincide con otro compromiso sí cumplido y que beneficia a toda la población: el 70% de la vacunación. Además, aún perdura en la memoria la reconocida labor de evacuación en Afganistán.  

Iniciar la reforma del delito de sedición sería volver a colocar el ‘procés’ en la primera línea de las agendas política e informativa. Armamento pesado para la oposición. Sí, el aplazamiento es comprensible para la estrategia política de Sánchez, pero ¿podemos permitirnos seguir jugando con el Código Penal? No parece el mejor modo de trabajar por la renovación y el prestigio renqueante de la justicia española. 

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