Embalses bajo sospecha

El Gobierno anunciará hoy en el Congreso que echará mano de la vigente Ley de Aguas para evitar que se repita lo sucedido este verano con algunos grandes embalses españoles, vaciados bruscamente coincidiendo con un periodo de precios altos de la energía eléctrica en el mercado mayorista. La vicepresidenta Teresa Ribera pretende que las empresas hidroeléctricas deban atenerse a determinados límites a la hora de gestionar sus concesiones en grandes pantanos: un umbral mínimo de reservas de agua y un máximo de caudal al mes que puede ser desembalsado para convertirlo en energía eléctrica. 

El vaciado de los embalses ha tenido un impacto directo en el paisaje, el suministro de agua y las posibilidades de desarrollo del turismo rural de zonas ya despobladas y deprimidas económicamente. Y por ese motivo el Gobierno plantea esta medida con un primer argumento, el ambiental. 

Embalses vaciados en la España ya vacía

Pero el vaciado se ha producido en un contexto especialmente complicado en el mercado eléctrico, lo que despierta sospechas que las eléctricas, a su vez, rebaten. Según expertos en el sector y alcaldes afectados, las empresas aprovechan para generar tanta energía eléctrica de origen hidráulico como han podido justo cuando la podía facturar a precio de gas, minimizando costes y maximizando beneficios. Aprovecharían así que en las concesiones vigentes no hay nada que les impida hacerlo legalmente. También las peculiaridades del método de fijación del precio de la luz establecido en la UE, que hace que toda la energía eléctrica generada sea vendida en la red al precio del sistema más caro utilizado en cada momento. Algo que las empresas niegan, asegurando que precisamente desembalsar agua ha permitido que hasta en el 75% del tiempo, este verano, haya sido la hidráulica la que ha fijado el precio, conteniendo así las subidas que se están sucediendo día tras día. 

Sea cierto un argumento u otro (el propio Gobierno advierte que aún debe analizar cómo han gestionado los embalses las empresas durante esta crisis), no está claro que esta regulación vaya a tener un impacto claro en el precio de la luz, aunque se presente como alternativa a la propuesta lanzada desde Unidas Podemos de tasar el precio máximo de las energías nuclear e hidroeléctrica siguiendo el modelo francés, en el primero caso. La política energética de la UE pasa por gravar el consumo de combustibles fósiles para disuadir de su uso, y esto no cambiará en el futuro bajo ningún escenario, por lo que las alternativas solo pueden ser el aumento de la producción en España de energía procedente de recursos renovables y no generadoras de emisiones o la mayor interconexión con la red europea, un tabú hasta ahora por los continuos rechazos territoriales. 

Aunque el caudal de los ríos es un bien común y las empresas que los explotan lo hacen por concesión pública, apenas existen límites para que los gestionen en función de sus intereses. El recurso que le queda al Gobierno, aparte de no renovar las concesiones que caduquen, es aplicar el artículo 55 de la ley de aguas, que permite condicionar el régimen de explotación en casos excepcionales y de forma temporal para garantizar que sea "racional". Una limitación que puede encontrarse con la necesidad de justificarse ante los tribunales, especialmente si va más allá de ser aplicada de forma coyuntural. La transición energética será un camino necesario pero lleno de dificultades, que topa con unas reglas del pasado que no será fácil cambiar.