Opinión | Editorial
Los editoriales están elaborados por el equipo de Opinión de El Periódico y la dirección editorial
Editorial
Los editoriales están elaborados por el equipo de Opinión de El Periódico y la dirección editorial
Secretos y democracia
España debe poder dotarse de un instrumento nítido y efectivo de verificación y claridad a favor de la verdad histórica
La reciente aprobación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática se basa en cuatro principios fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y el deber de la memoria. Y, tal y como dijo el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sus objetivos son la recuperación y salvaguarda de los valores democráticos y el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado fascista y de la dictadura franquista. Aunque no se refiera estrictamente al mismo período histórico y aunque tenga otras finalidades, la propuesta de reforma de la ley de Secretos Oficiales anunciada por el Gobierno después de distintas tentativas parlamentarias del PNV, establece paralelismos en un intento de normalización de una práctica que, en definitiva, también afecta a la propia esencia de un estado transparente. Como ha declarado el diputado peneuvista Mikel Lagarda, “el estándar democrático es que el paso del tiempo desclasifica”, un argumento que va a favor de la reconstrucción histórica fidedigna de acontecimientos recientes, de la reparación de posibles injusticias cometidas y del conocimiento de los detalles diplomáticos, militares, policiales, económicos y políticos que han jalonado nuestra historia en los últimos años, desde episodios como el de la represión extrajudicial en la Guerra Civil a la Marcha Verde, las relaciones en plena dictadura con los Estados Unidos o el terrorismo y el contraterrorismo de los GAL, por citar solo unos cuantos.
La actual legislación sobre los secretos oficiales se retrotrae a una ley franquista de 1968, reformada levemente en 1978, que, en esencia, es retrógrada y generadora de situaciones incomprensibles para nuestra época por cuanto no fija un plazo de liberación de documentos. De esta manera, como han denunciado repetidamente diversos historiadores, se dan casos o bien de discrecionalidad sin argumentos específicos o incluso de desapariciones y ocultaciones de los papeles. Es preciso, pues, para calibrar la salud democrática del país, que se imponga un criterio explícito en relación a los protocolos de transparencia. De aquí la relación entre ambas leyes, la de Memoria Democrática y la de Secretos Oficiales, ya que estamos hablando de momentos históricos relacionados no solo con la Transición y la llegada de la democracia, sino también con hechos de la dictadura. Saber más sobre los entresijos del poder debe servir para fiscalizar su actuación pasada pero también para sentar las bases de un futuro respetuoso con los derechos fundamentales.
La tramitación de la ley se prevé larga y con dificultades (algunas voces opinan que como mínimo se extenderá durante todo el año 2022), porque se pisa un terreno pantanoso. Desde las dudas en el seno del propio Gobierno a la prevención corporativa de estructuras del Estado acomodadas en la opacidad, pasando por la posibilidad de que determinados secretos tengan que ver con operaciones aún en curso o dejen en mal lugar a personalidades significadas, la reticencia es notoria. Con el control judicial pertinente y adecuándose a las características habituales en estos casos en las sociedades avanzadas, España debe poder dotarse de un instrumento nítido y efectivo de verificación y claridad, a favor de la verdad histórica.
- Hacienda te devuelve 300 euros si tienes un hijo menor de 25 años y 900 si tienes dos: así tienes que ponerlo en la declaración de la renta
- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años
- Adiós a los cajones de la cocina: la solución con perchas que puedes colocar en cualquier parte
- Pedro Sánchez se plantea renunciar como presidente del Gobierno tras la investigación a su mujer
- El CIS publica una encuesta sobre las elecciones en Catalunya a pocas horas del comienzo de la campaña
- Buenas noticias para los jubilados: la paga extra de verano viene con sorpresa
- Multado con 112.000 euros un bar musical de Vilanova i la Geltrú por permitir el consumo de drogas
- Clamor en Madrid para que se homologuen ya 100.000 títulos universitarios: "Soy médico, pero trabajo en un 'burger'