'Pagarán por ello'
No es una expresión metafórica, ni únicamente política. No se trata ya de la cárcel o la inhabilitación. Se asemeja más a una venganza tribal: la ruina económica afecta a los encausados y a sus hijos
Sílvia Cóppulo
Periodista y psicóloga.
Licenciada en Psicología y Doctora en Comunicación. Profesora de Comunicación en la Universitat de Barcelona
Sílvia Cóppulo
Veremos si el Tribunal de Cuentas considera válidos o rechaza los avales que el Govern ha presentado a través del ICF (Institut Català de Finances) para que no se embarguen los bienes por un importe de 5,4 millones a 34 exaltos cargos de la Generalitat. El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha llevado a cabo un encaje de bolillos legal para que el ICF cubra la fianza de los 29 que se han acogido a ello; el resto avala con sus ahorros y sus viviendas. El Govern arriesga y su 'conseller' actúa con valentía y celeridad. “Es una cuestión de deber moral y de justicia”, defiende Giró. “El ICF tiene plena legitimidad para avalar”, añade. Los miembros independientes del ICF han presentado su dimisión. Tenían su mandato caducado, sí, pero parece más cierto que el miedo a la ruina personal y familiar provocada por los estamentos del Estado habita entre los funcionarios y cargos electos de Catalunya.
El “van a pagar por ello” no es una expresión metafórica, ni únicamente política. No se trata ya de la cárcel o la inhabilitación. Se asemeja más a una venganza tribal: la ruina económica afecta a los encausados y a sus hijos. ¿Pagarán por actuar cómo? En este caso, por seguir la política exterior que emanaba de los programas electorales con los que los políticos llegaron al Govern y al Parlament, legalmente. Hablamos de conferencias y viajes. Ese es el talón de Aquiles del independentismo: la ruina económica familiar. Hemos dado pasos adelantados, pasando de aquel “descabezamiento político” sorayano a apoderarse del dinero de las cuentas o de los pisos familiares.
Cada día tiene su afán, reza el refrán. El último lo protagoniza el TSJC. Cita al expresident del Parlament, Roger Torrent, actual 'conseller' d’Empresa i Treball, y a otros miembros de la Mesa como imputados por presunta desobediencia al TC, por admitir la tramitación de dos resoluciones en 2019, en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación y se reprobaba al rey Felipe VI. Ello ocurre el mismo día que aparece una nueva cuenta en Suiza vinculada al rey emérito huido, presunto ladrón, Juan Carlos I.
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