5,4 millones de euros

El Tribunal de Cuentas da hasta la medianoche del lunes a los exaltos cargos de la Generalitat para formalizar la fianza

  • El ICF ha hecho efectivo el aval de 29 de los encausados y cubre prácticamente la cantidad impuesta

  • Otros dos lo han hecho en metálico y dos más han presentado como aval bienes inmuebles

El ’conseller’ de Economia i Hisenda, Jaume Giró.

El ’conseller’ de Economia i Hisenda, Jaume Giró. / ACN / GUILLEM ROSET

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Ángeles Vázquez
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Los 34 presuntos responsables de la acción exterior de la Generalitat vinculada al 'procés' entre 2011 y 2017 ya han empezado a depositar las fianzas que el Tribunal de Cuentas les impuso de forma cautelar. El plazo de entrega concluía la medianoche del miércoles, pero los trámites han hecho imposible cumplirlo y la delegada instructora ha concedido dos días más a las partes para formalizar la presentación, lo que alarga el trámite hasta la medianoche del lunes, según fuentes jurídicas. El Institut Català de Finances (ICF) ha hecho efectivo el aval de 29 de los encausados, otros dos han afianzado en efectivo y dos más con bienes inmuebles, informó la institución.

Según fuentes de la Conselleria de Economia, el ICF ha cubierto casi la totalidad de los 5,4 millones requeridos en total, ya que los que han optado por no acogerse al fondo del Govern son aquellos a los que se les solicitaban las fianzas más bajas.

La delegada instructora, tras comprobar las certificaciones recibidas, ha constatado que ninguno de los avales, ni los realizados de forma particular ni los del ICF constituyen más que un anuncio, puesto que no incluyen los avales en sí, por lo que les ha comunicado que les concede "un plazo improrrogable de dos días [hábiles] par la presentación de los mismos" y les advierte de que "si no han recibido en dicha fecha se procederá al embargo de bienes".

Embargos

Los abogados de los 29 que cuentan con avales del ICF los entregarán de forma telemática y remitirán por correo urgente los originales para que estén en poder del Tribunal de Cuentas como tarde el lunes, informaron a este diario fuentes jurídicas.

Una vez presentados, la delegada instructora tendrá que determinar si reúnen las condiciones necesarias para cubrir la cantidad impuesta de manera cautelar ante las dudas jurídicas que, al menos en apariencia, implica la forma elegida por la mayoría de los encausados. De hecho, Cs ya ha presentado un escrito ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas para denunciar la concesión del aval y el fondo para las fianzas, que todavía está pendiente del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

En el caso de que no se considere una fórmula adecuada para afrontar la responsabilidad contable, la delegada instructora puede ordenar, a través de la correspondiente providencia, el embargo de los bienes de los encausados para cubrir las cantidades a las que pueden acabar siendo condenados.

En cualquier caso eso no significa que los encausados pierdan sus propiedades de forma automática. Tanto las fianzas como los embargos, en su caso, se producirían de forma cautelar a la espera de la sentencia definitiva. En caso de condena, las cantidades afianzadas cautelarmente serán devueltas a la administración que se haya declarado perjudicada, que en este caso, es la Generalitat, la misma que está tramitando los avales. Tras la instrucción del procedimiento la Abogacía del Estado renunció a interponer demanda al entender que debían hacerlo los servicios jurídicos de la Generalitat.

Riesgo reputacional

El ICF es la entidad que gestiona el fondo de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán. Inicialmente, el mecanismo previsto consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del fondo. De esta manera, el avalista no sería directamente el Govern, sino la entidad bancaria, pero el Ejecutivo no ha encontrado hasta la fecha un banco dispuesto a conceder estos avales, y ante la urgencia de hacer frente a las fianzas, ha acabado activando el ICF pese a haberlo descartado 24 horas antes.

Las rencillas entre ERC y Junts continúan por este asunto, ya que se achacan unos a otros la reculada del Ejecutivo que tuvo que oficiar el 'conseller' de Economia, Jaume Giró. Fuentes de la Conselleria aseguran que la Generalitat "no ha rectificado, sino que ha habido un cambio en las circunstancias", tanto en la posición de los partidos en el Govern como en la cúpula del ICF.

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En un principio hubo bancos que sí se mostraron dispuestos a efectuar esta operación pero, a la hora de concretarla, se echaron atrás alegando el perjuicio "reputacional" que se esto les podría generar. El Govern sigue buscando una entidad financiera que colabore, incluso en el extranjero, para retirar al ICF como avalador y confía en encontrarlo si el Consell de Garanties Estatutàries da el visto bueno al decreto.

Por otro lado, la 'caja de solidaridad' del 'procés' ha abonado 1.055.000 euros que reclamaba el Tribunal de Cuentas en concepto de intereses por la causa del 9-N que ha permitido levantar los embargos a las propiedades de sus afectados, entre ellos el 'expresident' Artur Mas, que ahora quedan liberadas para ser aportadas como aval si la fórmula del ICF no funciona.

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