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¿Vamos hacia un gallinero?

El choque entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno puede tener efectos desestabilizadores

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Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / ACN / TANIA TAPIA

Los conflictos entre Gobierno y Tribunal Constitucional no son raros en una democracia. La separación de poderes de Montesquieu –legislativo, ejecutivo y judicial– es la clave del Estado de derecho. Y las sentencias de los tribunales deben acatarse, aunque no se compartan. ¿Punto final?

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No del todo. Porque algunas veces también pueden ser el inicio de un gran desbarajuste, de que la estabilidad se tambalee y de que la degradación institucional convierta al país en un gallinero ingobernable. ¿Es lo que pasa tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyo texto íntegro aún no conocemos, declarando inconstitucional un artículo del decreto de marzo de 2020 por el que el Gobierno promulgó, para combatir el coronavirus, el estado de alarma y el confinamiento?

No lo creo, pero cuidado. La sentencia del TC de 2010, anulando parte del Estatut de Catalunya de 2006, ya aprobado por el Parlament catalán, el Congreso y el Senado y luego, como es preceptivo, por un referéndum en Catalunya, provocó una grave crisis que, 11 años después, todavía no hemos superado. Y todo llegó con la oposición de un TC de mayoría conservadora a un ejecutivo y un legislativo de mayoría socialista.

Alguna semejanza hay y ello obliga a un análisis a fondo. El TC tiene magistrados que superan su tiempo reglado de mandato porque el legislativo no se ha puesto de acuerdo en renovarlos, y son solo 11, no 12, por una dimisión no cubierta por las mismas causas. No es la mejor situación para un órgano que debe ser el sagrado guardián de la Constitución y siempre debe ser prudente.

¿Estado de alarma o estado de excepción? ¿Cruenta batalla política o discusión inútil sobre si son galgos o podencos?

No obstante, por seis votos contra cinco, incluido el de su presidente, ha decidido declarar inconstitucional, 16 meses después del recurso y cuando la norma ya no está vigente, un decreto del que no discrepa sobre su contenido –el confinamiento domiciliario contra la pandemia– pero cree que, al suspender derechos fundamentales, requería no el estado de alarma sino el de excepción. El de alarma lo decreta el Gobierno por 15 días y, si quiere prorrogarlo, necesita ser aprobado por el Congreso, mientras que el de excepción necesita la previa aprobación parlamentaria.

Es un asunto opinable. El de alarma es más rápido y puede ser prorrogado y el de excepción solo puede durar dos meses. ¿Qué era lo mejor contra el virus? Además, el recurso es a instancias de un grupo –Vox– que lo aprobó en el Congreso. ¿Es pues un obús de los magistrados conservadores contra el Gobierno, como asegura una portavoz de Podemos? Puede haber –la hay– antipatía de la derecha judicial a Pedro Sánchez, pero dos magistrados conservadores –nada menos que el presidente González Rivas y el jurídicamente muy respetado Andrés Ollero– lo han creído constitucional. Y una magistrada, Encarna Roca, propuesta por el PSC y la antigua CDC, ha sido contraria.

Hay pues una discusión doctrinal en un clima de discordia que impide (por la negativa del PP) la renovación del Consejo del Poder Judicial y del propio TC. Y ambiciones y venganzas. El expresidente del TC, Aragón Reyes, nombrado por Zapatero pero que votó contra el Estatut, publicó hace poco en ‘El País’ un artículo que coincide con los argumentos de la mayoría del TC.

Es así. Creo que tiene bastante razón Margarita Robles, exmagistrada del Supremo y ministra de Defensa, al afirmar que al TC le ha faltado sentido de Estado (ni España ni ningún país tenía normas idóneas contra un virus tan agresivo e inesperado) y hay elucubraciones intelectuales más propias de un seminario universitario. Vale, pero también hay que admitir que al Gobierno le ha faltado empatía con la derecha política y la judicial que es –guste o no– mayoritaria. Claro, el Gobierno no está obligado a ser empático, pero…

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No. No estamos en un gallinero, pero hay sobredosis de crispación y nuestras instituciones democráticas –por jóvenes– no están consolidadas. En otro caso no sería preocupante. En todas partes cuecen habas y ha habido presidentes americanos (Roosevelt) que han debido esperar el entierro de algunos magistrados del Supremo (allí el cargo es vitalicio) para poder aplicar su legislación.

Nota final. Semana terrible, junto a la variante delta de la pandemia, para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.