El iceberg de la pobreza

Los últimos datos dados a conocer por el Institut d’Estadística de Catalunya dibujan un panorama ciertamente preocupante, el de «una crisis social de la que aún no hemos visto la punta del iceberg», en palabras de responsables de la Taula d’Entitats Socials del Tercer Sector. Las cifras del aumento de los índices de pobreza son apabullantes y, en algún caso, se utilizan registros que corresponden al nivel de renta de 2019, con lo cual el escenario futuro aún puede empeorar, y más si se tiene en cuenta que el estado del sector turístico y de servicios, afectado por las medidas de prevención sanitaria a nivel europeo, puede incidir gravemente en la recuperación económica que se atisbaba antes de la irrupción de la quinta ola de la pandemia.

Uno de cada cuatro catalanes está en situación de pobreza, y el porcentaje se eleva a un 33% en lo que se refiere a la población infantil, mientras que los colectivos que sufren mayor desamparo son las mujeres de más de 65 años y las personas mayores, con un aumento de la tasa de pobreza de seis puntos en solo un año. El 53% de los parados y el 61,0% de la población inmigrante viven bajo un mínimo umbral digno, y un tercio de los catalanes no podrá hacer ni una semana de vacaciones, con unos índices también muy altos en cuanto a la precariedad de la vivienda y el consumo eléctrico.

Repunta también la llamada pobreza laboral en España, con cerca de un 17% de los ocupados que no puede llegar a final de mes, mientras que la población global en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado, el último año, en 1,1 puntos, hasta llegar a cifras similares a las catalanas, con un 26,4%. Son datos que nos retrotraen a la peor época de la reciente crisis inmobiliaria, con una precariedad altísima y con unos altos niveles de desigualdad y una enorme brecha económica: el 20% de los más ricos tienen seis veces más dinero que el 20% de los más pobres.

Para hacer frente a una crisis de estas características hay pocas herramientas y, las que hay, están infradotadas. En 2020, las solicitudes de asistencia de los Servicios Sociales se elevaron a un 352% en relación a las de 2019, al tiempo que los profesionales se quejan de estar colapsados y angustiados, por falta de personal y de recursos y con una considerable lista de espera para poder acceder a las mínimas ayudas o con un explícito déficit de pisos de alquiler oficial para hacer frente a la situaciones dramáticas.

El escenario que estamos viviendo, y el que se avecina en los próximos meses, es de una gravedad extrema, no solo por la magnitud de la realidad sino también por los episodios que se derivan de la pobreza, desde problemáticas de salud mental a la violencia doméstica o a la falta de perspectivas de integración. Una sociedad no puede plantearse un futuro válido y con estabilidad sin hacer frente a hechos tan dramáticos, con un aumento considerable, potente y duradero tanto de las prestaciones como de su durabilidad. No es posible esperar a un resurgimiento económico (que depende todavía de la evolución de la pandemia), y son más necesarios que nunca los mecanismos para luchar contra esta lacra, a través de una revisión urgente de las estructuras y de la dotación de personal y recursos destinados al sector más vulnerable de la sociedad.