Colau frente a Colau

La lucha de las entidades vecinales, especialmente de las Asociaciones de Vecinos de Sant Andreu, por conservar con carácter público el techo de equipamiento de la parcela D de la Modificación del Plan General Metropolitano de les Casernes de Sant Andreu no es una anécdota sobre cambio de usos de un equipamiento, de albergue a tanatorio. Es una puesta en cuestión de las formas de operar del Consorci de la Zona Franca (CZFB) con el suelo no industrial de su propiedad en la ciudad. También evidencia las contradicciones históricas en el proceso de desarrollo de la empresa pública y su relación con Barcelona.

El CZFB es una entidad consorcial del Estado (Ministerio de Hacienda) y del Ayuntamiento de Barcelona para la dinamización económica. Se rige por las normas contables de las entidades públicas de carácter estatal, y como empresa pública debería estar más atenta a las necesidades sociales de la ciudad donde se ubica y a la vez no se ubica: ni es Barcelona, ni es Catalunya, y al mismo tiempo es una singularidad dentro del Estado.                                                                                                           

El techo no industrial perteneciente al CZFB en Barcelona supera hoy los 200.000 m2. El techo residencial de Casernes de vivienda de mercado libre es de 65.251 m2. La web del CZFB anuncia un techo de 160.000 m2 en la Marina del Prat Vermell , una parte mayoritaria destinada a vivienda libre. En ambos casos, se trata de planes de la primera década del siglo, en que el CZFB no ha tenido mucha prisa en construir. De hecho, en tiempos de crisis, la empresa pública ha preferido tener los terrenos en barbecho. 

El delegado especial del Estado y presidente del Comité Ejecutivo del CZFB está haciendo intentos de situar a la Zona Franca dentro del espacio urbanístico de la ciudad y de insertarlo en un contexto de redacción de la Agenda 20/30 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Indistintamente de lo que cada cual pensemos sobre el papel económico del CZFB, lo cierto es que estamos ante una contradicción insuperable de la gobernanza de los 'Comuns' en la ciudad, una ciudad que necesita suelo y techo residencial público que es propiedad de una empresa pública de la que Ada Colau es, para más inri, presidenta.

Han pasado casi cien años desde la constitución del Consorci y el papel del mismo se ha ido adaptando a diferentes contextos económicos. La compra de las Casernes de Sant Andreu fue más el fruto de una necesidad subrogada a favor del municipio que una voluntad imperiosa del CZFB pero, a pesar de ello, la actuación posterior y el agotamiento del suelo de la ciudad abren una brecha difícil de solventar para una empresa pública, entre la necesidad de suelo público y el derecho a recuperar las inversiones.

En la FAVB no creemos que esta situación fruto de la historia (los Estatutos vigentes del CZFB datan de julio de 1968) sean del agrado ni del Ayuntamiento, ni del propio CZFB. Lo que es seguro es que la ciudadanía de Barcelona necesita ese techo para construir vivienda pública de alquiler y equipamientos. Con el techo residencial del CZFB se podrían construir entre 2.500 y 3.000 viviendas públicas de alquiler asequible.

Buscamos soluciones no sólo contradicciones, por ello instamos a Ada Colau. como presidenta del Consorci y como alcaldesa de Barcelona, a tomar la iniciativa para un cambio de las reglas de juego que deberían pasar por:

1. Actualizar los Estatutos del CZFB, para que los intereses de la ciudad queden salvaguardados. 

2. Abrir negociaciones con el Ministerio de Hacienda y el propio CZFB, para que su patrimonio de suelo público residencial y de equipamientos pasen al patrimonio municipal de suelo o se garantice la no privatización. 

3. Negociar con el Ministerio de Hacienda las compensaciones necesarias al CZFB.

Y en caso de ser necesario, que el Estado asuma los costes de subvención o articule las fórmulas para hacer efectiva esta realidad.

Barcelona siempre ha sido rica y creativa en articular soluciones. Y el CZFB tiene en la ciudad muchos retos. El mayor de ellos, ser ciudad. Lo cual pone en cuestión su propia existencia. Mientras tanto, el Ayuntamiento y el CZFB tienen y tendrán tantas cosas a compartir que no dudamos que sabrán dialogar, por el bien de toda la ciudadanía.