Ágora

Cuando Hacienda se fija en los más vulnerables

Se impone una reforma fiscal que permita aplicar la fiscalidad allí donde hay dinero de verdad, en los beneficios financieros

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Colas del hambre en la parroquia de Sant Isidre, en Barcelona.

Colas del hambre en la parroquia de Sant Isidre, en Barcelona.

Según los expertos, un 20% del PIB -riqueza generada en un año- se mueve en la llamada economía sumergida en España. Bastantes empresas multinacionales tienen sus sedes corporativas europeas en Irlanda, para pagar el tipo mínimo del impuesto de sociedades. El Estado, e incluso la Unión Europea, quieren grabar con impuestos a las grandes tecnológicas (Google, Microsoft, Amazon...), porque se dan cuenta de que no pagan los mínimos impuestos razonables allí donde tienen la actividad económica y, por tanto, los beneficios. Y todo esto sin analizar los paraísos fiscales, donde la misma banca ayuda, a través de cadenas de sociedades, a trasladar grandes cantidades de dinero a las Islas Vírgenes, Panamá, Luxemburgo y otros lugares, desde donde se sacan beneficios del capital, sin pagar impuestos en ninguna parte. Nos referimos -sin que sea posible una cuantificación exacta, por su opacidad- a en torno de un 25% de la riqueza mundial, depositada en paraísos fiscales. Según un estudio de Oxfam Intermón, en 2014 había 891 filiales de empresas del Ibex en paraísos fiscales, la mitad aproximadamente en el estado norteamericano de Delaware. Se trata, pues, de un contexto de fraude a gran escala, conocido y tolerado.

¿Qué sentido tiene requerir la declaración del IRPF a quien no tiene ni para comida y tolerar, globalmente, los paraísos fiscales?

La pandemia ha motivado el establecimiento de medidas convenientes para “salvar” la actividad económica y, como instrumento de esta, ”salvar” las empresas. Se han establecido mecanismos como los ERTE, los aplazamientos de abonos de los tributos, los créditos a través del ICO o el IVA cero para productos sanitarios, que se ajustaban a una realidad compleja. Es en este contexto que nos preguntamos si costaba tanto adaptar determinados criterios fiscales, fruto de la excepcionalidad del covid, a las personas más vulnerables socialmente. Pensamos en la declaración de la renta (IRPF) de aquellos que han tenido ingresos procedentes de más de un lugar: la empresa donde trabajan y el SEPE, por un ERTE. Estas personas, con salarios de menos de 20.000 € al año, ¿tienen que hacer declaración de renta? Y si el SEPE se ha equivocado, como ha pasado masivamente, ¿qué cifra de ingresos declaran? ¿Tendrán después una regularización fiscal? ¿Es necesario que declaren a Hacienda si han ingresado más de 14.000 euros al año, a pesar de que uno sea el ingreso mínimo vital establecido por el Gobierno español y, el otro, un trabajo de un par de meses en verano? Pensemos que nos referimos a personas que, pocas veces o nunca, se han tenido que enfrentar a un impreso de la complejidad de la declaración del IRPF. Pensemos en personas sin conexión doméstica a la red. ¿Quién tiene que asumir sus liquidaciones fiscales? ¿Las ONG? Nos referimos tanto a quien lo hace como a quien paga la cantidad a abonar que Hacienda, como toda ayuda, admite periodificar en seis meses.

¿Quién piensa en los más vulnerables, cuando se establecen las normas fiscales? Las ayudas municipales para el alquiler, que además de contribuir a la dignidad de muchas familias evitan desahucios, con todas las implicaciones que estos comportan, han pasado de ser consideradas prestaciones económicas a subvenciones. Más allá de las consecuencias de esto, como un ingreso más a la hora de tributar, ¿alguien pensó que las subvenciones son embargables? ¿Puede una familia con hijos vivir hoy con el salario mínimo interprofesional? Pensemos, pues, que si tiene una subvención para mantener el alquiler del piso, este le será embargado por Hacienda, porque dejó de tributar como autónomo hace años. ¿No tendría sentido eximir de tributación las ayudas por arrendamientos y las rentas mínimas de inserción?

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Se impone una reforma fiscal, no tanto sobre los tipos y formas de tributar, sino que permita aplicar la fiscalidad allí donde hay dinero de verdad, en los beneficios financieros, sobre donde se ganan cifras significativas, y evitar marginar también de la legalidad tributaria a los más vulnerables.

¿Qué sentido tiene requerir la declaración del IRPF a quien no tiene ni para comida y tolerar, globalmente, los paraísos fiscales?