Apunte
Peajes, por pasta europea
"No podemos pedir dinero a Europa para carreteras y que sigan siendo gratis cuando el resto de europeos paga por ello", dice el Gobierno
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Cuando la UE asignó a España 140.000 de los 750.000 millones de los fondos europeos para la recuperación se entendió enseguida que ese casi 19% del pastel sería la cara amable de la iniciativa. Lo menos amable habría de llegar en forma de algunas de las difíciles reformas que los sucesivos gobiernos españoles, de diferente signo, no han sido capaces de abordar. La implantación de un mecanismo de pago por uso de las carreteras es uno de ellos. Estaba en la agenda del PP y ahora lo está en la del Gobierno de Pedro Sánchez, con el rechazo del socio Unidas Podemos.
Cuando el rescate europeo de la banca española (2012), la UE, con acento alemán, impuso a España duros recortes. Desde la óptica germana era difícil de digerir que le pudiera salir gratis el rescate europeo a un país como España, con una terminal 4 en el aeropuerto de Barajas que dejaba en ridículo al vetusto aeródromo de Berlín (la reforma de este llegó en 2020, con diez años de retraso) y con unas autovías semejantes a las autopistas de pago alemanas, pero gratuitas.
Ahora no se trata de un rescate. Es un plan de recuperación para el conjunto de la UE del que España será el segundo perceptor (tras Italia), por el mayor deterioro social y económico derivado de la pandemia. «España está pidiendo a los ciudadanos europeos en su plan de recuperación que se invierta en nuestro país en infraestructuras de transporte, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea ya se está pagando por el uso de las carreteras. Por lo tanto, en coherencia, si estamos pidiendo recursos para invertir en las infraestructuras, lógicamente tenemos que plantear esa reforma», afirmó el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, el pasado viernes, poniendo el dedo en la llaga.
El reto político que se abre es enorme. Esta misma semana el Gobierno va a ser bombardeado con ello en el Congreso de los Diputados. Se requerirá inteligencia para buscar un consenso político y social que no redunde en inequidades sobre las capas sociales más desfavorecidas o el transporte profesional y que alumbre un modelo equiparable a Europa, libre de los recelos germánicos del rescate.
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