¡Ay, esta Europa nuestra!

Entre marzo y julio del 2020 parecía que la UE había entrado en una nueva época. Primero, suspensión del Pacto por la Estabilidad, levantando los límites de deuda y déficit. A continuación, aprobación de un ambicioso paquete de ayudas: 100.000 millones para el programa SURE de apoyo al desempleo, 250.000 millones del MEDE para sanidad y 200.000 millones más del Banco Europeo de Inversiones para infraestructuras. De este primer paquete, España solo ha echado mano de los recursos del SURE para financiar los ERTE; pero del resto y, en particular, de los del MEDE que solo exigía que esos dineros reforzaran la sanidad, no se demandado ni un euro: a nadie gusta, y menos a los gobiernos de Madrid o Catalunya, que controlen nuestra sanidad desde el exterior.

También en los primeros compases de la pandemia, el BCE desplegó su artilleria: crédito ilimitado al 0% para la banca (e incluso pagando el BCE a las instituciones que solicitasen recursos), y compra de 1,8 billones de euros de deuda de pública para mantener los tipos de interés del endeudamiento de los estados cerca de cero. 

Finalmente, la Comisión aprobó en julio lo que Olaf Scholz, ministro de Hacienda alemán, calificó de momento Hamiltoniano de la Unión, comparándolo con la decisión de 1790 por la que el Gobierno federal de EEUU asumió el pago de las deudas de los estados norteamericanos. Quizá era una valoración excesiva, pero que la Unión Europea emitieran bonos avalados mancomunadamente, cierto que significaba un más que notable paso hacia la unión fiscal. Y este fue, pese a la oposición de los nórdicos, el contenido de los 750.000 millones de euros del programa Next Generation, de los que 150.000 corresponden a España. 

En suma, y hasta verano de 2020, unos meses con señales de muy distinto signo: enorme y recesivo coste sanitario, social y económico de la pandemia y, por otro lado, despliegue de las instituciones europeas para hacer frente a una situación excepcionalmente peligrosa. 

El Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe ha paralizado transitoriamente la aprobación del programa Next Generation, ese que esperamos como agua de mayo en España

Pero el entusiasmo que generó este cambio de dirección de la Comisión Europea comienza a diluirse. Y no es extraño: dada la batalla que presentaron los países nórdicos, el acuerdo de julio de 2020 dejó demasiadas cosas por definir, lo que apunta a una situación de difícil salida.

Primero, porque no es evidente que haya consenso sobre los cambios a los que deben comprometerse los países: incluso la severa Alemania no está muy de acuerdo en la reforma de su sistema de pensiones. En este ámbito, no extraña que Wolfgang Schauble haya destacado una previsible, y generalizada, falta de progreso en la ejecución de las reformas. En todo caso, los cambios a proponer este abril deben ser serios, creíbles y controlables; y en España deberían abarcar desde los del mercado de trabajo al sistema de pensiones, pasando por los mecanismos que faciliten reestructuraciones empresariales o la mejora del sistema educativo, entre otras. 

Segundo, porque Bruselas se enfrenta a una nueva batalla con relación a los impuestos que deben financiar la devolución del empréstido de 750.000 millones. Inicialmente, se acordó que su amortización debería proceder de nuevas figuras impositivas (derechos de emisión contaminante, nuevas figuras sobre el uso del carbón, imposición sobre las compañías digitales), capaces de generar unos 14.000 millones de euros/año. Pero los primeros borradores de la Comisión han generado dura oposición de los países ‘frugales’ sobre estos nuevos impuestos, a la que hay que añadir la procedente de intereses particulares de Irlanda o Polonia.

Finalmente, por si todo lo anterior no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe ha vuelto a entrar en acción, paralizando transitoriamente la aprobación del programa Next Generation, ese que estamos esperando como agua de mayo en España. Y aunque, como suele suceder, la sangre no parece que termine llegando al rio, el fallo del tribunal puede posponerse unos meses, añadiendo más incertidumbre a la situación actual, y, no lo olviden, su sentencia puede terminar demandando clarificación al Tribunal de Justicia Europeo sobre la adecuación del programa a las leyes de la Unión, otro alargamiento más de la actual situación.

¿Qué cabe esperar? Lo de siempre en la UE: acuerdos difíciles, alcanzados en el último minuto, que cada uno interpreta a su manera, con reformas complejas de instrumentar y, finalmente, avances mucho más lentos de los que desearíamos. ¿Decepcionante? No. Solo para quien pidiera peras al olmo. Porque esta es nuestra Europa. Nos guste más o menos.

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