¿Una fiscalidad global?

La reforma fiscal presentada en Chicago por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, supone un punto de inflexión a escala internacional. Al presentar un plan concreto de aumento del impuesto de sociedades a escala nacional del 21% establecido por la Administración de Donald Trump al 28% que maneja Joe Biden, aspira a asegurar los recursos necesarios para financiar el ambicioso plan de infraestructuras diseñado por la Casa Blanca. Y al trasladar a los países del G-20, el FMI y el Banco Mundial una propuesta para armonizar el impuesto de sociedades a escala mundial y fijarlo en un mínimo del 21%, pretende acotar la competencia fiscal entre Estados, siempre a la baja, que favorece la proliferación de paraísos fiscales y las deslocalizaciones.

 Las propuestas hechas por Yellen afectan en primer término a las multinacionales, habituadas a encontrar atajos para pagar menos impuestos y muy favorecidas por Trump, que redujo su carga impositiva en 14 puntos desde el 35% para el impuesto de sociedades establecido por la Administración de Barack Obama. De lo que es fácil deducir que la tramitación de la reforma será extremadamente difícil en el Congreso, especialmente en el Senado, donde el empate a 50 escaños entre demócratas y republicanos anuncia una gran batalla política. Mientras, el mundo contempla con un renovado interés la concreción de la orientación neokeynesiana que el equipo de Biden ha dado a su programa para superar los estragos causados por la pandemia.

Para la Unión Europea, rezagada con relación a Estados Unidos en cuanto atañe a la gestión de la salida de la crisis, será capital el resultado final del debate sobre el programa de Biden, cuyo éxito multiplicaría las posibilidades de que la OCDE desbloquee el debate sobre la armonización fiscal del impuesto de sociedades que tenía sobre la mesa. Pero la propia Europa tiene el problema en casa, ante las dificultades que encara para abrir el melón de los paraísos fiscales en Europa para acabar, cuanto antes mejor, con la competencia desleal entre socios –con Irlanda, Holanda y Luxemburgo como los casos más citados–. Aunque la discusión no podrá limitarse a solo una forma impositiva, sino que deberán contemplarse otros muchos resquicios que deja la economía global para eludir la armonización fiscal propuesta por Yellen y para que sean efectivas las diversas iniciativas para que las grandes tecnológicas tributen en cada país en función de su actividad y de sus resultados reales en cada territorio. 

A nadie se le oculta que alcanzar un consenso internacional en la materia, lo mismo a escala europea que internacional, se antoja un camino lleno de obstáculos. En primer lugar, porque para algunos estados es fundamental para sus economías la captación de conglomerados empresariales mediante una muy baja tributación. En segundo lugar, porque muchas de las empresas que operan a escala mundial han logrado mejorar sus cuentas de resultados mediante la migración de unos países a otros, algo que las nuevas tecnologías simplifican en grado sumo. Y en tercer lugar, porque son muchos los gobiernos que han convertido la promesa de bajar impuestos en un señuelo electoral para atraer voluntades. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil corregir una inercia imparable durante los últimos años. Pero es imprescindible hacerlo para estar en condiciones de financiar los programas de estímulo necesarios para remontar la crisis desencadenada por la pandemia del covid. Con una responsable del Tesoro de EEUU que declara abiertamente que un sistema impositivo suficiente para sostener la inversión pública es verdadera condición necesaria para la competitividad, nunca antes había sido el contexto tan favorable para alcanzar un consenso internacional.