Institución privada

La legitimidad del Consell per la República

No hay que ceder a las presiones de un ente que solo responde a un sector del independentismo constituido en función de los resultados de la pasada legislatura, no del 14-F

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Antoni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí.

Antoni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí. / EFE / STEPHANIE LECOCQ

Siento admiración por las personas de ERC que están negociando la investidura de Pere Aragonès. Deben de tener nervios de acero, y una sangre fría comparable a la de los desactivadores de explosivos, los neurocirujanos y los pilotos de pruebas. Si no, no sé cómo pueden integrar en sus discusiones el papel del Consell per la República. Gente con menos temple se hubiera levantado de la mesa, reclamando que en futuros encuentros se plantearan asuntos que tuvieran una legitimidad aceptable para la mayoría de la sociedad catalana. Y es que hay sectores del 'procés', que, tras hacer malabarismos con interpretación de la legalidad, pretenden ahora que se acepte la legitimidad de una institución privada, como es el Consell per la República, como si pudiera compararse con la que deriva de las elecciones.

Para analizar mejor los límites de la legitimidad del Consell per la República, vayamos a un clásico de las ciencias sociales como es Max Weber. En su monumental 'Economía y sociedad' presenta tres formas de legitimidad sobre las que puede descansar la dominación política. La primera, que califica de “racional”, es la que se basa en la creencia de que quienes ostentan el poder lo han obtenido de acuerdo con la legalidad vigente. Es la legitimidad del poder en un Estado de derecho. La segunda se basa en la tradición, que señala desde tiempos pasados a quienes están destinados a ejercer el poder; el ejemplo sería el de las monarquías absolutas. Finalmente, la tercera forma de legitimidad es la que Weber llama “carismática”: ahí la legitimidad del ejercicio del poder deriva de las especiales cualidades de una persona concreta, que por ellas merece ejercer la autoridad.

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Si entramos en la web del Consell per la República para saber qué es, deberemos acudir a un vídeo para encontrar una respuesta. Allí se nos dice (a los treinta segundos) que “el punto de partida y la fuente de legitimidad del Consell es el registro ciudadano” abierto a todas las personas que se quieran inscribir en él y que, en el momento de escribir estas líneas, suman 92.958. ¿Qué tipo de legitimidad podrían invocar, si desearan ejercer algún poder? No la que deriva de los votos obtenidos en unas elecciones a las que el Consell per la República no se presentó, y tampoco es una legitimidad que Weber llamaría “racional”. No existe ninguna norma que prevea atribuir gobierno en Catalunya a nadie que no sea quien resulte elegido por el cuerpo electoral e investido por sus representantes. Por otra parte, la existencia del Consell comienza en 2018, con lo que parece que no existe una tradición consolidada de la que ese organismo pueda reclamarse heredero. Quedaría la legitimidad carismática, que algunos atribuirán a Carles Puigdemont, presidente del Consell, por ser, desde su punto de vista, el presidente legítimo de la Generalitat tras ser injustamente destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Con todo el respeto que se merecen, creo que quienes piensan así se equivocan. En la cultura política de las democracias, el gobierno aceptable es el que deriva de la aplicación de las normas constitucionales, estatutarias y electorales. Esa es la legitimidad racional. La legitimidad tradicional pasó a la historia con la Revolución francesa. En cuanto a la legitimidad carismática, tras algunas muestras aberrantes en el siglo XX, no cabe considerarla en nuestro tiempo como superior a la legitimidad racional. Por eso me parecería inadmisible un programa de gobierno condicionado por la influencia externa del Consell per la República. Tanto más cuanto que, en la medida en que no se percibe en él ninguna representación significativa. Al estar en fase fundacional”, no se han celebrado elecciones a su asamblea de representantes. Su asamblea fundacional la forman los diputados que suscribieron el acuerdo de investidura de la pasada legislatura, con excepción de ERC, que se retiró por considerarla partidista. Responde, por tanto y de manera parcial, a un sector del independentismo de la pasada legislatura. No se corresponde con las elecciones del pasado 14 de febrero, y se mantiene aún en una fase “fundacional” de escasa representatividad. No hay que ceder a sus presiones, aunque invoquen nobles ideales.