Libertad no es violencia

La libertad de expresión y de manifestación son elementos esenciales de la vida democrática, pero no son libertades absolutas si su ejercicio colisiona con las libertades y derechos de otros. El caso del rapero Pablo Hasél es una muestra de este conflicto de libertades. Ha sido condenado acusado de insultos contra la corona y de enaltecimiento del terrorismo. Afirmaciones tales como "¡merece que explote el coche de Patxi Lopez", en referencia al lendakari socialista, o "no me da pena tu tiro en la nuca, pepero" no pueden generar simpatía entre los defensores de los derechos humanos, el primero de los cuáles es el derecho a la vida.

Pero la concatenación de varias condenas ha acabado llevando a Hasél a la cárcel. Ayer se conoció otra de dos años de la Audiencia de Lleida por amenazar a un testigo, tras haber intentado propinarle una patada, gritándole "eres amigo de los urbanos, te mataré hijo de puta, ya te cogeré".

La tesis de que los posibles delitos de opinión no conlleven penas de prisión sino multas y otras sanciones, parece razonable e incluso conveniente. Los tribunales deben aplicar la ley con proporcionalidad y en este caso están dando una notoriedad y publicidad a alguien que quizás no las hubiera conseguido por sus méritos artísticos.

Por eso es perfectamente legítimo reclamar cambios en el código penal y manifestarse a favor de la libertad del rapero. Pero la libertad de manifestación tiene límites ya que no debe perjudicar la libertad y los derechos de otros ciudadanos.

Utilizar el derecho de protesta y de manifestación para practicar una "violencia extrema", como ha denunciado el portavoz de los Mossos, destrozando mobiliario urbano (que pagamos todos), montando hogueras en las vías del Eixample barcelonés, arrasando mas de cuarenta comercios y entidades bancarias, e incluso asaltando una comisaría de los Mossos, como ocurrió la noche del martes en Vic, no tiene nada que ver con las libertades, no puede ser alentado y, es más, la obligación de las fuerzas policiales es impedirlo.

Cuando la pandemia obliga a restringir las libertades individuales y de reunión (incluso familiares), se impone un cierre obligado de muchos comercios y hay serios temores sobre la pervivencia de muchas empresas, las alteraciones graves de la normalidad ciudadana son difíciles de justificar. Una cosa es la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la manifestación para mostrar disconformidad o protesta contra las sentencias a Pablo Hasél y otra muy distinta la instrumentalización de estos derechos para alterar la normalidad ciudadana mediante la violencia, justo lo que menos conviene a Catalunya y a España en estos momentos.

Se puede entender -ha pasado en otros países- que tras un año de pandemia y empeoramiento de las condiciones de vida haya sectores ciudadanos que quieran mostrar su descontento. Lo que no es lógico es que partidos de gobierno -que tienen que garantizar el orden- se dediquen a alentar demostraciones que -posiblemente contra la voluntad de muchos participantes- se han convertido en explosiones de violencia. Por eso cuesta entender que el portavoz parlamentario de Podemos haya manifestado solidaridad con los “manifestantes antifascistas”.

Además, la minoritaria violencia de los últimos días contrasta con el sentido cívico de los votantes, la ejemplaridad de los componentes de las mesas y la normalidad con la que transcurrió la jornada electoral. El domingo Catalunya dio una muestra de país sensato y maduro que no debe ser alterada. 

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