Una batalla indeseable

La batalla política que dominará el año que se inicia ya se está preparando. Se trata del reparto de los 27.000 millones de euros de fondos europeos, la primera entrega de los 70.000 millones que corresponden a España en transferencias directas a fondo perdido. Probablemente sea inevitable, en la tóxica polarización que domina la política española, que el reparto sea campo de batalla, pero en una hora tan grave como la actual cabe exigir a partidos y administraciones lealtad y rigor. Hay que evitar tanto el partidismo como la falta de supervisión imparcial. Los criterios deben ser claros, cuantificables e iguales para todos. Los beneficiarios no pueden ser los mismos de siempre.

En la 23ª Conferencia de Presidentes, celebrada a finales de octubre de forma telemática con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que más del 50% de los proyectos y de los fondos correspondientes podrían ser gestionados por las comunidades autónomas. Sin embargo, el PP empieza a levantarse contra la forma y el fondo del reparto porque «ese dinero es de todos los españoles, no es del Gobierno ni de las autonomías», en palabras de la dirigente del PP Elvira Rodríguez. Tanto Pablo Casado como los presidentes autonómicos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Murcia, Fernando López Miras, ya se han quejado de los criterios de reparto y de la cantidad que les pueda corresponder. En el caso de Díaz Ayuso, sus dardos van dirigidos, como casi siempre, a Catalunya, y ahora también a la Comunidad Valenciana.

El PP lleva meses pidiendo un organismo independiente para la selección de los proyectos, pero el Gobierno ha desoído esa petición y ha optado por la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, una especie de Consejo de Ministros ampliado que contará con el apoyo de un comité técnico de 20 miembros, como máximo, de la Administración General del Estado con experiencia en gestionar fondos europeos. Esta solución se adoptó después de que Pablo Iglesias protestara por su no inclusión en el primer proyecto de comisión. Pura táctica. Pues bien, el PP responde con la misma moneda y va a activar una comisión paralela para vigilar cómo se adjudican los proyectos y cómo se distribuyen los recursos y amenaza con acudir a Bruselas para denunciar supuestas arbitrariedades del Gobierno, como ya hizo en el caso de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y le dieron la razón.

El PP tiene perfecto derecho a vigilar el reparto para evitar, como dicen sus dirigentes, «veleidades políticas». Otros países han creado organismos desligados del Gobierno para supervisar los criterios de reparto. Pero la actitud del PP se antoja algo precipitada cuando ni siquiera se ha constituido el organismo encargado de examinar los proyectos. Tampoco es cabal que cada vez que haya una discrepancia en política interior se lleve el caso ante la UE para poner en evidencia al Ejecutivo. Un partido que en otro momento será Gobierno se juega que le hagan lo mismo.

El reparto adecuado de los fondos europeos constituye una cuestión vital para la reactivación económica y para la transformación, tantas veces anunciada como aplazada, del modelo productivo de la economía española. Los proyectos que deben ser financiados con esos fondos afectan los tres motores de la reactivación y del nuevo modelo productivo: digitalización, energía y medioambiente. Es, por tanto, imperativo que sean bien elegidos, sin criterios partidistas que generen clientelismo, sea hacia el Gobierno del Estado o a los autonómicos y sin enfrentamientos de política pequeña que solo pueden arruinar el éxito imprescindible de una inversión tan trascendental para el futuro.