El debate de la lengua

El espejismo del consenso lingüístico

Con el ‘procés’ se ha resquebrajado el acuerdo implícito en Catalunya sobre el uso social e institucional del catalán

Concentracion de Som Escola en apoyo a la inmersion linguistica en Catalunya

Concentracion de Som Escola en apoyo a la inmersion linguistica en Catalunya / periodico

Joaquim Coll

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace unos días Andreu Claret escribía que el catalán era otra víctima del ‘procés’, de la ruptura de los consensos que había provocado la tensión secesionista desde 2012. El resultado es que el uso de la lengua catalana se ha estancado e incluso retrocedido en el área metropolitana, particularmente entre los jóvenes, según algunos estudios recientes. Pero como subrayaba Gonzalo Torné en otro artículo reciente, pese a lo que periódicamente reiteran algunos agoreros del idioma, “la estadística es tozudísima: el catalán nunca había tenido tantos hablantes, canales de televisión y radio, editoriales y escritores”. El uso social del catalán es un gran éxito de los últimos 40 años gracias al marco de protección y promoción que le ofrece la democracia española y el autogobierno. Pero Claret tiene razón en que la lengua ha salido perjudicada del ‘procés’ porque se ha asociado con el independentismo y en que algo profundo en la sociedad catalana se ha roto sobre esa cuestión. 

Sin embargo, lo que no está claro es en qué consistía el aludido consenso lingüístico, en qué descansaba ese supuesto acuerdo al que en numerosas ocasiones intelectuales y partidos catalanistas (pero no secesionistas) hacen referencia de forma genérica, lamentando su pérdida como consecuencia del ‘procés’. Nos movemos en un terreno confuso, porque no es lo mismo si nos referimos a la “normalización” del catalán en general o si en esa política se incluyen aspectos problemáticos como la inmersión escolar obligatoria o las sanciones administrativas por no rotular los comercios en catalán, como ejemplo. Mi impresión es que el acuerdo implícito en la sociedad catalana, que nace en la década de los 80 con las primeras leyes, era sobre el uso social e institucional del catalán para reparar los daños de la dictadura franquista. Es decir, se quería que la lengua de Josep Pla y Mercè Rodoreda fuese recuperada en todos los espacios y que, evidentemente, la enseñanza fuera también en catalán, incluso dándole un trato prioritario. 

Fíjense que he escrito “también en catalán” y no “solo en catalán”. Ahí está la diferencia con lo que ha sucedido en las últimas décadas. Del consenso lingüístico amable que impulsó el catalanismo, se pasó a partir de los 90, una vez que el nacionalismo pujolista ganó la hegemonía cultural, a unas políticas lingüísticas que buscaban la exclusión del castellano. De pedir “el català a l’escola” se pasó a postular “l’escola només en català” y sostener un ideal de “escola catalana en llengua i continguts”, que si lo dijéramos para la escuela española sonaría a doctrina falangista, así como a intentar expulsar el castellano del espacio público. La controvertida inmersión corresponde a ese fase del proceso en la que ya se rompe el acuerdo inicial aunque se busca presentarla engañosamente como su culminación. Se quiere imponer una escuela monolingüe que excluye a la lengua materna de la mitad de los catalanes y que perjudica en cuanto a oportunidades a las clases medias y populares

Tampoco las leyes estatales de educación han ayudado a desintoxicar la cuestión

El nacionalismo sabe de su impostura y por eso jamás ha querido preguntar en las encuestas del CEO sobre las políticas lingüísticas de la Generalitat. Sabe que muy pocas familias querrían una escuela monolingüe frente a las ventajas del bilingüismo o del trilingüismo. Pero hábilmente intenta hacer creer que solo la inmersión garantiza el aprendizaje y el dominio del catalán. El problema es que el debate está contaminado de tabús y miedos, por lo que es muy difícil una discusión pedagógica y racional. 

Por desgracia, tampoco las leyes estatales de educación han ayudado a desintoxicar la cuestión. La denostada ‘ley Wert’ exhibió una rotundidad sobre la vehicularidad del castellano meramente propagandística, mientras la ‘ley Celaá’ supone una concesión retórica a ERC a cambio de su voto en los Presupuestos, aunque en la práctica no cambie nada. Afortunadamente la convivencia lingüística en Catalunya sigue siendo ejemplar, pero es cierto que con el ‘procés’ se han resquebrajado muchas cosas, entre ellas ese indefinido consenso lingüístico. Ahora bien, un nuevo acuerdo tendrá que tejerse desde el interior de la sociedad catalana y solo podrá fundarse en el respeto hacia los derechos lingüísticos de todos y en la promoción del catalán sin menoscabo del castellano. 

Suscríbete para seguir leyendo