El Gran Recapte: un fracaso colectivo

Las peticiones de alimentos o, esta pasada semana, de fondos para las organizaciones que los suministran, nos ponen otra vez frente al espejo de la catástrofe provocada por la pandemia. Aun todavía sin datos precisos sobre sus consecuencias sociales, la evidencia disponible apunta a un impacto desconocido en una sociedad que, no hace tantos años, todavía estaba bregando en reabsorber los de la crisis financiera. Unos efectos que, no obstante, son muy dispares según renta familiar, reflejo de una creciente división originada, en última instancia, en el desempeño de los individuos en el mercado de trabajo.

Así, y pese a la crisis sanitaria, los hay que han tenido suficiente capacidad para hacer frente a la situación (empleos en sectores poco o nada afectados por la epidemia, o con posibilidades de trabajo a distancia) y los que, simplemente, están hundiéndose cada día un poco más en la miseria. Es la traducción social de un perfil de la crisis económica que algunos economistas han bautizado como recesión en K: los que estaban relativamente bien finalizan en mejor posición, y los que se encontraban mal, terminarán peor situados todavía.

Diferencias

Algunos ejemplos de la última EPA del tercer trimestre destacan esta división.  Así, frente a una caída de la ocupación del 3,5% respecto de septiembre del 2019 (unos 700.000 puestos de trabajo perdidos), para aquellos sin estudios su ocupación se ha hundido muy por encima de la media (-13%) y más para los que solo alcanzaron un educativo equivalente a primaria (-14,5%) o secundaria obligatoria (-8,2%); a partir de ahí, y a medida que aumenta la formación, se reduce la pérdida de empleo: un -2,4% para aquellos con secundaria no obligatoria y un -2,0% para formación técnica, mientras que los ocupados con estudios superiores se han mantenido. Si la variable a considerar es la tipología del contrato, la pérdida del -3,5% citada refleja la práctica estabilidad para autónomos, profesionales y empresarios individuales y una suave reducción de los asalariados con contrato indefinido (inferior al 1%), mientras que el grueso de la contracción ocupacional corresponde a asalariados con contrato temporal, que han visto retroceder su empleo un muy elevado 13% (unos 600.000 empleos). Y si pasamos a considerar lo sucedido con jóvenes, mujeres o jornada, la situación es parecida: mayor destrucción de empleo femenino (-3,6%) o a jornada parcial (-4,8%) y mucho más intensa en los jóvenes de 16 a 34 años (-10,1%). Nada extraordinario. Es lo que tienen todas las crisis económicas: afectan más a los que menos capacidad de resistencia tienen.

Justamente por ello, sorprende más todavía la incapacidad de nuestros poderes públicos, sean autonómicos o estatales, para hacer frente a esta pandemia de pobreza extrema rampante. Una incapacidad puesta de relieve otra vez, y van…, con el Gran Recapte de alimentos, de la que nadie parece escandalizarse: parecemos inmunizados respecto de lo que realmente muestra sobre nosotros.

El mínimo tono moral

No estoy criticando la actuación, absolutamente imprescindible por otra parte, de las entidades que atienden a los hambrientos. ¡Solo faltaría! Pero que las apoyemos y consideremos del todo necesarias solo es un reflejo de la falta de solvencia que muestra su existencia: la de la pérdida, por incomparecencia, del mínimo tono moral de una sociedad en la que sus poderes públicos simplemente hacen dejación de sus funciones y no están, ni se les espera, para atender la crisis humanitaria que nos aflige.

Como ciudadano de un país que desearía más avanzado social y económicamente, me siento avergonzado de nuestros representantes: se escudan en un eufemismo de lo políticamente correcto, la llamada sociedad civil, para enmascarar su desatención de los más necesitados. Uno parece encontrarse, con todas las diferencias que deseen, en la Gran Bretaña del siglo XIX y sus Leyes de Pobres que, justamente, se abolieron en 1948 cuando su estado de bienestar comenzaba a consolidarse.

Ahora que volvemos a discutir la insuficiencia de las ayudas a la dependencia o las dificultades de puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción, sería también momento de que los poderes públicos tomaran en sus manos la responsabilidad de alimentar a sus ciudadanos. A todos ellos sin distinción. De ser así, quizá podamos comenzar a considerarnos una sociedad avanzada. La pobreza alimenticia, y la necesidad de caridad para evitarla, debería ser una línea roja que no deberíamos volver a cruzar.

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