Votar el 14 de febrero

No ha sido esta la semana más gloriosa del Govern, marcada por el triste espectáculo a cuenta del plan de desescalada de las medidas contra la pandemia del covid-19. Y lo que empezó mal acabó peor con unas declaraciones desafortunadas de la ‘consellera’ de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en las que puso en duda que las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el 14 de febrero, puedan llegar a celebrarse.

Las declaraciones son desafortunadas en primer lugar porque no resulta coherente anunciar una desescalada y a continuación dudar de que la situación sanitaria el 14 de febrero permita celebrar las elecciones. Además, Budó debería saber que el Govern del que es portavoz ha redactado unos informes que «garantizan completamente la celebración de los comicios y su normal discurrir», según fuentes de la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. De hecho, el Consell Executiu ya ha aprobado una partida de 32 millones de euros para una logística electoral en pandemia que incluye el voto en pabellones y potenciar lo máximo posible el voto por correo. El objetivo, como no puede ser de otra manera, es garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con plenas garantías sanitarias.

Si una lección hemos aprendido en estos meses de azote del covid-19 es que la evolución de la pandemia es imprevisible. Huelga decir que si en febrero la situación sanitaria impide el desarrollo con garantías de la cita electoral, habrá que estudiar su suspensión, como ya sucedió el pasado mes de abril en el País Vasco y Galicia. Ahora bien, a varios meses vista de la cita electoral y en pleno proceso de desescalada, las declaraciones de la portavoz del Govern son contraproducentes, porque crean dudas respecto la capacidad del Ejecutivo para controlar la epidemia y la aparición de nuevos rebrotes de la enfermedad.

En el contexto del pulso permanente entre los dos partidos del Govern, fuentes de ERC señalaban este viernes que cabe interpretar las palabras de Budó en una clave partidista: el hecho de que Junts necesita tiempo para afianzarse antes de someterse al juicio de las urnas. Esta interpretación bebe de una realidad: la tortuosa forma con la que el ‘expresident’ Quim Torra gestionó su inhabilitación y la puesta en marcha del reloj electoral para adaptarlo a las necesidades de su espacio. Una tentación de este tipo por parte de la facción de Junts en el Govern sería injustificable.

Como dijo el propio Torra, hace demasiado tiempo que esta legislatura no tiene recorrido. Lo acontecido esta semana prueba que la cohesión del Govern no es la adecuada para gestionar un desafío del tamaño de la pandemia y sus graves ramificaciones sanitarias, económicas y sociales. Poner en duda hoy que las elecciones se podrán celebrar a causa de la pandemia envía un mensaje  de desconfianza hacia el Govern en un momento en que su imagen está erosionada por fiascos como el de la gestión de las ayudas a los autónomos. Solo si en los días previos a las elecciones la situación sanitaria es muy grave, el debate sobre el retraso electoral tiene sentido. Hasta entonces, es una irresponsabilidad.