Filtraciones de casos judiciales a los medios

El país del "amigo"

Que el derecho penal no sancione las conductas de amiguismo entre camarillas políticas no quiere decir que no sean socialmente reprochables

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El país del "amigo"

LEONARD BEARD

Ya hace años que nadie me dice "tú no sabes cómo funciona esto", con una mezcla de condescendencia, paternalismo y hasta desprecio. Supongo que mi edad le ha hecho entender a más de uno que sí que lo sé, pero que no me gusta, y que creo que "madurar" no consiste en meterse en la rueda de la corrupción, sino en intentar cambiar las cosas. Se suele decir que es imposible, pero si todos los seres humanos hubieran pensado siempre eso, seguiríamos en la Edad Media, con la nobleza y la realeza mandando sobre los vasallos y con las mujeres segregadas y los homosexuales pendientes de una pena de muerte. Siempre hay que intentar hacer un esfuerzo por el cambio.

Desde hace días estamos conociendo audios de conversaciones que no deberíamos conocer, pero que ahí están. De nada sirve rasgarse ahora las vestiduras cuando hace meses que disfrutamos de los audios atribuidos a Villarejo, y antes otros muchos más. Hace más de 10 años que propuse en un foro académico acabar con las filtraciones de los materiales de la instrucción de un proceso penal, y lo he ido repitiendo desde entonces, por ser contrarias a la presunción de inocencia. Crean una imagen social de culpabilidad, es decir, justo lo contrario de lo que ordena desde hace años la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero sistemáticamente he encontrado respuestas adversas. Los medios quieren publicar todo lo que les llega, como es lógico y coherente con el derecho a la información. Hasta he escuchado reacciones favorables a las filtraciones de quien menos se puedan figurar.

Llegados a este punto, o la prensa empieza a negarse a publicar esas filtraciones en respeto a los derechos fundamentales, o seguiremos igual por los siglos de los siglos, hasta que la filtración afecte a alguien de los que ahora las defienden. Por desgracia, en España es mucho más fácil que en otros países que la policía obtenga autorizaciones judiciales para realizar escuchas telefónicas, que deberían ser siempre excepcionales en una democracia. Perseguir después al filtrador es imposible, puesto que es casi inviable averiguar su identidad, gozando el periodista, como es lógico y razonable, del secreto de sus fuentes.

¿Es posible soñar con un país en que las intervenciones telefónicas solo sean viables por delitos gravísimos? Sí, miren hacia el norte y descubrirán ese país en Francia, sin ir más lejos. ¿Es viable que los medios no publiquen algunas informaciones por respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia? Naturalmente, es una cuestión de ética periodística similar a la de ser capaz de decir en antena que el presidente de tu nación acaba de mentir, incluso perteneciendo a su medio afín. ¿Es posible que en España empiece el legislador a tener el gatillo menos fácil a la hora de autorizar escuchas en general, no solo telefónicas? Por descontado, igual que también es factible que algún día los jueces de instrucción, cuando tengan una avalancha de trabajo menor a la actual, que es inhumana, puedan analizar con más cuidado los casos sin tener que copiar y bendecir casi automáticamente informes policiales que, como es lógico, están irremediablemente sesgados hacia la culpabilidad, porque los redacta el mismo policía investigador que lleva semanas, meses o años detrás de quien cree que es culpable.

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Y ya de paso, en ese escenario que ojalá algún día llegue, sería positivo que la gente de este país entendiera que la forma de conseguir lo que uno quiere no es buscando al "amigo". No siempre se trata de conductas penalmente reprochables, puesto que el delito de tráfico de influencias necesita la prueba de una presión moral eficiente sobre la autoridad que debe dictar una resolución. Esa resolución debe ser producto de esa presión y debe causar un beneficio económico al que influye o a un tercero. Finalmente, la presión la debe ejercer alguien con una relación personal idónea para ello con el influido. Nada de eso es fácil de probar en un proceso.

Pero que el Derecho penal no sancione esas conductas no quiere decir que no sean socialmente reprochables, porque el mal ejemplo de esas camarillas políticas hace que mucha gente se comporte de ese mismo modo en cualesquiera relaciones. Ello afecta a la hora de conseguir empleo, por ejemplo, e incluso al comprar en una tienda para que a uno no le den gato por liebre. Madurar debiera ser contribuir a cambiar eso, y no persistir en el infantilismo de la "pandilla de amigos". Como a John Lennon, pueden llamarme soñador. Pero igual que él, no soy el único.