Trapero, la justicia ha hablado

La Audiencia Nacional ha absuelto a Josep Lluís Trapero, que fue mayor de los Mossos d'Esquadra hasta la aplicación del artículo 155, de los delitos de sedición y de desobediencia que pidió la fiscalía por su actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal sobre la independencia de Catalunya convocado en octubre del 2017. Las tesis de los fiscales estaban soportadas en los informes de la Guardia Civil que le incriminaban en una supuesta trama que habría puesto al cuerpo de la policía autonómica al servicio del plan independentista del gobierno de Carles Puigdemont.

Pese a que Trapero fue elevado a la categoría de héroe por el independentismo tras los atentados de agosto del 2017, el exjefe de los Mossos optó en todo momento por una defensa técnica de la mano de su abogada, Olga Tubau. Su intervención voluntaria como testigo en el juicio de los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo ya indicó la base de su defensa ante la Audiencia Nacional, basada en el principio de proporcionalidad en su actuación como policía judicial durante aquellos días. Y esa parece ser la tesis que ha suscrito el tribunal aunque su presidenta, Concepción Espejel, ya ha anunciado un voto particular que podría ser la base de un posterior recurso de la fiscalía. La última palabra no está dicha. E igual que algunos se alegrarán de la sentencia de ayer, habría que aceptar una posterior resolución en una segunda instancia, sea o no favorable al recurso. La legitimidad es la misma.

El independentismo jugó con fuego en los meses anteriores al 1-O. Puso en riesgo a muchos funcionarios y especuló con el prestigio de las instituciones. Los Mossos, uno de los pilares del autogobierno catalán sustentado en la Constitución y el Estatut, sufrieron en primera persona esa irresponsabilidad del Govern de aquellos días. Fueron carne de cañón porque algunos los quisieron poner al pie de los leones. Y algunos miembros del cuerpo se dejaron utilizar. Trapero defendió ante el Tribunal que ese no era su caso. Y las revelaciones que hizo en el juicio oral sobre las advertencias que hizo a Puigdemont o su plan para detener al mismo Govern parecen haber convencido a los magistrados, o al menos les han resultado suficientes para refutar los informes de la Guardia Civil. Así se ha pronunciado la justicia, cuyas resoluciones deben ser respetadas en unos casos y en otros. Algunas reacciones de los agitadores independentistas con esta sentencia producen poco menos que hilaridad en comparación con las teorías que exhiben habitualmente sobre la justicia española, a la que intentan desprestigiar sistemáticamente. Han de elegir entre una teoría o la contraria. 

Una sentencia condenatoria hubiera sido un golpe letal para la credibilidad de los Mossos del que difícilmente se hubieran recuperado. Ahora tienen una oportunidad de volver a conectar con la mitad de la población catalana no independentista, a la que tienen que servir en cualquier circunstancia. Y a la vez, la esfera política -sea independentista o constitucionalista- debería abstenerse de pretender utilizarlos en cualquier otro sentido que no sea el cumplimiento de la ley.