La sentencia de Bankia

La sentencia de Bankia ha sorprendido a muchos. Es la respuesta a haber juzgado unos tiempos convulsos, correspondientes a la dura crisis financiera vivida por España no hace mucho. ¡Quién la recuerda ahora, inmersos en una pandemia que, además de hundir la economía, mata! Así lo viví en aquella etapa y así lo recuerdo ahora.

El resumen es bastante preciso y en la valoración de las cuentas: "La salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores", "El folleto contenía una amplia y certera información financiera y no financiera", "En el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusadosy no actos concretos". En efecto, es muy difícil demostrar la falsedad de las cuentas cuando el punto más cuestionado es la suficiencia de las provisiones. En medio de la tormenta, cuando los precios inmobiliarios no se han estabilizado, es muy complicado decir si en un préstamo promotor se perderá el 20%, el 40% o el 60%. Y más si en ese momento de la valoración se vislumbran signos positivos (los famosos brotes verdes) que después resultaron un espejismo.

El problema fue que la estrategia era equivocada: no se pueden vender productos complejos y de alto riesgo al público minorista. Y las acciones de Bankia lo eran por las enormes incertidumbres económicas que había y especialmente sobre el mercado inmobiliario donde Bankia estaba altamente expuesta. Aunque el opúsculo de la emisión explicaba bien todos los riesgos, estos folletos sólo tiene tiempo y capacidad para leerlos el inversor mayorista o institucional. De hecho, para dar apariencia del atractivo de la emisión se obligó a colocar el 40% de las acciones entre inversores mayoristas. Pero lo compraron inversores internacionales habituales de este tipo de colocación, como fondos de inversión? No, lo compraron empresas 'de proximidad'.

De los casi 1.300 millones colocados a inversores institucionales, una cuarta parte los firma Mapfre, la compañía de seguros aliada de Bankia, seguido de la mayoría de bancos (excepto el BBVA que se negó con mucho disgusto del promotor), empresas del Ibex y grandes constructoras. Y la falta de pericia del 'animador' fue tal que se le olvidó forzar la retención temporal de aquellos títulos, por lo que algunas de aquellas entidades, les sacaron de encima tan pronto como pudieron, señalizando inequívocamente la naturaleza de la operación. Sin estos inversores, en parte cautivos, no hubiera sido probablemente posible colocar el otro 60% de títulos (1.800 millones) entre los particulares. Uno se podría haber preguntado, también, por qué a los fondos internacionales aquella inversión no les interesó ni poco, ni nada.

Lo que está claro es que fue una operación de Estado. Cuando la viabilidad de las cajas se tambalea, las autoridades (bancarias) inducen a las cajas a las fusiones. Algún responsable de una gran caja también lo empujaba. Cuando falta capital, las autoridades (bancarias y de mercado) bendicen la salida a bolsa. Cuando faltan inversores, se 'convence' a las grandes empresas estatales a invertir. Cuando todo sale mal, las autoridades (económicas) rescatan el banco. Cuando alguien pide responsabilidades, las autoridades (judiciales) dicen que todo se hizo de acuerdo con las autoridades. Y se cierra el círculo.

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