Financiación local: la hora de la verdad

Los grandes retos actuales, como la reactivación económica o la reconstrucción social, tienen que abordarse de forma realista con los pueblos, las ciudades y las áreas metropolitanas ejerciendo un papel protagonista. Los municipios somos agentes de progreso sostenible y de lucha contra las desigualdades.

Esta es la vocación de Barcelona, que lidera y participa de políticas públicas, a través de un modelo propio de gestión consorciada en materias como la educación, la salud, los servicios sociales o la vivienda, gracias a un régimen jurídico especial expresado en la Carta Municipal de Barcelona.

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Muchos ayuntamientos, durante la lucha contra el covid-19 y ante la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, nos hemos situado en la primera línea de la trinchera y al lado de la ciudadanía, reforzando la protección de la salud en el espacio público e impulsando medidas para paliar los efectos negativos de la pandemia en la economía.

Lo estamos haciendo asumiendo competencias de otras administraciones y sin contar con herramientas suficientes para financiarnos adecuadamente. Todavía siguen vigentes las limitaciones propias de las políticas de austeridad que marcaron la anterior crisis del 2008, como la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del año 2012 y la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del 2013, ambas aprobadas por el PP y, en el primer caso, apoyada también por CiU, que recortan la capacidad financiera de los entes locales.

Es urgente la reforma de estas leyes. Hay que abrir una etapa para dotar de mejores herramientas a los municipios y a la vez se tiene que acabar con las limitaciones que planean sobre la financiación local y que impiden, por ejemplo, que los ayuntamientos saneados nos endeudemos o utilicemos los remanentes presupuestarios para mejorar nuestros servicios.

Propuesta del Gobierno y la FEMP

Desde esta voluntad, el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han puesto sobre la mesa una propuesta para adoptar mejoras de la financiación local y para posibilitar una vía voluntaria de uso de los remanentes municipales, que cristalizó en el real decreto ley 27/2020, del 4 de agosto.

La propuesta abre un camino que incorpora aspectos netamente positivos, como la supresión de la regla de gasto para el 2020 (esto permitiría que los entes locales destinemos superávit de tesorería a las necesidades derivadas del covid-19), que los ayuntamientos optemos a los fondos europeos de reconstrucción asignados a España, o la creación de un fondo para mejorar la financiación del transporte público municipal.

Este jueves se someterá a votación en el Congreso el decreto ley que tiene que permitir iniciar la tramitación parlamentaria y abrir un periodo de aportaciones que enriquezcan el contenido. Uno de los elementos a debatir tendría que ser la naturaleza y los criterios de distribución a los entes locales de un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros.

Por eso considero que a todos los partidos, especialmente los que creemos en el municipalismo, nos corresponde actuar con responsabilidad para ser capaces de facilitar la tramitación parlamentaria. Es la única vía para seguir dialogando, mejorar la propuesta y conseguir que estos fondos lleguen a nuestras ciudades.

No sirven actitudes cínicas como la del PP, que en lugar de aportar alternativas para resolver un problema de financiación local que ellos crearon, se dedican a hacer un llamamiento en contra de la propuesta, con el único objetivo de desgastar al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Tampoco sirven actitudes que, desde la defensa del municipalismo, a pesar de reconocer que el decreto tiene puntos positivos, se plantean tumbar la tramitación desde una visión del todo o nada. Porque efectivamente, el riesgo de quedarnos sin nada es grande y la situación es demasiado delicada.

Nuestra prioridad es continuar apoyando a los autónomos, restauradores, comerciantes, a los más vulnerables, y también al mundo de la cultura y el deporte para reactivar nuestros municipios.

No apoyar a la tramitación de un decreto ley que precisamente quiere avanzar en esta dirección supondría autoinfligir una derrota al mundo municipal, negar la posibilidad de continuar mejorando la propuesta y cerrar una ventana de oportunidad que resulta imprescindible en estos momentos.