El PP declara la guerra al plan del Gobierno para usar el superávit

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Miguel Ángel Rodríguez

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Guerra abierta, en toda regla. El PP deja a un lado las críticas al plan del Gobierno acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para usar el superávit de los ayuntamiento y pasa al ataque. Los alcaldes conservadores comenzaron ayer a movilizarse contra la medida que el Ejecutivo aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y amenazaron con no ceder sus remanentes al Estado. Antonio González Terol, vicesecretario Territorial de los populares, fue el encargado de poner sobre aviso a Pedro Sánchez sobre la férrea oposición que encontrará en los regidores del PP: "Los ayuntamientos gobernados por el PP no ingresarán su dinero, el ahorro de sus vecinos, para financiar la hoja de ruta socialista de este Gobierno".

"Latrocinio, usurpación y robo". De esta forma calificó González Terol la medida que permitirá, de manera voluntaria, a los consistorios ceder su superávit -estimado en unos 14.000 millones de euros- al Estado a cambio de recibir, por parte de Hacienda, un máximo de 2.000 millones en el 2020 y 3.000 millones en el 2021. Después, a partir del 2022, el Estado empezará a devolverá el importe íntegro del préstamo más intereses en un plazo de 10 años. Una propuesta que solo recibió el visto bueno de los socialistas en la FEMP y que salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de la institución, el socialista Abel Caballero, que desempató la elección -12 ‘síes’ del PSOE ante 10 ‘noes’ del PP, uno de Cs y otro del PdCatPodemos se abstuvo-. 

La traición

El voto decisivo de Callero supone una "traición al municipalismo" para los de Pablo Casado que la considera "de facto un corralito a los ayuntamientos al impedirles gastar los ahorros acumulados durante los últimos años". En esta línea de enfrentamiento y tras insistir en la salida a la calle de miles de alcaldes populares, González Terol anunció la intención de su partido de presentar un recurso de inconstitucionalidad y mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones con la intención de mostrar su rechazo a la medida. 

Los populares no son los únicos que se oponen a esta propuesta. Alcaldes de otros siete partidos, algunos de formaciones que sostienen al Gobierno -ERCCompromísBNG...- también hanmostrado su descontento y han firmado con el PP una declaración contra los planes para el superávit. El portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en nombre de estos alcaldes para reabrir el diálogo y volver a negociar. No obstante, fuentes de Hacienda defienden que el trabajo ya está hecho y que se ha buscado una solución que no incumpliera ni la Constitución ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

La soledad

Incluso, los socios del PSOE en el Ejecutivo se han mostrado reacios a apoyar el planteamiento en el seno de la FEMP durante las últimas semanas, aunque finalmente terminaron absteniéndose en la votación. Con tantos reproches, la vicepresidenta segunda de la FEMP, la socialista Milagros Tolón, salió ayer para echar un capote a Sánchez y asegurar que la decisión tiene el respaldo de todos los alcaldes del PSOE.

Sin embargo, la soledad del Gobierno en este asunto hace peligrar la medida a su paso por la Cámara baja. El Gobierno decidió tramitar el acuerdo alcanzado como real decreto, lo que implica que el Congreso tenga que dar su aprobación. Un paso en el que, a la vista de la negativa de los partidos de la oposición y de algunos socios del Ejecutivo, podrían no alcanzarse los votos necesarios para aprobarla.