No es maná caído del cielo

El pasado mes de julio, los 27 estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un histórico acuerdo para recomponer los destrozos de la pandemia, al aprobar un fondo de 750.000 millones de euros, más de la mitad en forma de ayuda directa no reembolsable, y el resto articulado como préstamo. Una noticia excelente por partida doble. De una parte, por cuanto la emisión de deuda común representa un gran avance en la consolidación del proyecto europeo y de otra, y como país especialmente golpeado por el covid, por habérsenos asignado hasta 140.000 millones de euros. Unas ayudas que, sin embargo, ni serán inmediatas ni de libre disposición.

Aún pendiente de instrumentar el fondo, se acordó distribuir el 70% del total en el 2021 y el 2022, y el resto en el 2023, debiendo presentar cada estado su plan de reconstrucción y reforma a partir del próximo octubre, para su posterior validación por los 27. La prioridad es conformar un tejido productivo más competitivo y sostenible, estableciéndose que un 30% del fondo se destine a proyectos sensibles con el cambio climático. A su vez, se establecen mecanismos de supervisión para garantizar el destino de los recursos y, asimismo, verificar que los países beneficiados aborden las reformas a las que se comprometan.

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Ambición empresarial y buenas políticas públicas

Las inversiones se destinarán a empresas que se han visto muy afectadas por el covid, pero que pueden recuperar su ya demostrada competitividad una vez superada la crisis sanitaria, así como, especialmente, a proyectos que, respondiendo a las exigencias del mundo que viene, como la transformación digital o la transición verde, generen crecimiento y empleo. Se trata de combinar ingentes recursos económicos con ambición empresarial y buenas políticas públicas para, así, convertirnos en una economía más competitiva. En este contexto, nuestro mundo empresarial debe empezar a colaborar con los poderes públicos para diseñar proyectos merecedores de los fondos europeos.

Todo ello constituye una oportunidad única para abordar determinadas actuaciones que llevamos tiempo demorando como, entre otras, aquella política industrial moderna, que nunca hemos tenido. Unas carencias que se enquistan, no tanto por no ser conscientes de su necesidad o por no saber diseñar los instrumentos pertinentes, como por falta de continuidad en su implementación.

Así las cosas, las ayudas europeas resultan indispensables, si bien no alcanzarán a todos ni, por sí solas, remediarán nuestros males. La solución pasa, en primer lugar, por nuestra propia capacidad para consensuar y desarrollar políticas a medio plazo. En este sentido, la buena sintonía entre patronal y sindicatos resulta alentadora, así como, también, esa incipiente moderación que se percibe en los principales partidos.

El acuerdo constituye un avance histórico para Europa y una excelente oportunidad para España. Por ello, puede entenderse la euforia generalizada pero, no nos confundamos, para conseguir los fondos, y para su buen empleo, habrá que trabajar mucho, y bien. No es maná caído del cielo.