14 ago 2020

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acuerdo histórico en Europa

España trabaja en un plan de reformas de 140.000 millones

La cantidad total del fondo europeo que corresponde al país equivale al 11% del PIB

Sánchez dice que el pacto multiplica por 10 los fondos de cohesión de los años 90

Agustí Sala

España trabaja en un plan de reformas de 140.000 millones

Una vez cerrado el acuerdo para dotar el fondo de recuperación, después de una maratoniana cumbre de cinco días, llega el momento para el Gobierno de pisar el acelerador para un plan de reformas que deberá presentar en Bruselas en octubre próximo, según fuentes del Ejecutivo. Siguiendo el mandato europeo, los recuros se dirigirán a fomentar la transición ecológica y la digitalización, entre otras cuestiones.

De los 750.000 millones para impulsar la economía europea tras la crisis del covid-19, para lo que los socios comunitarios se avienen por primera vez a endeudarse conjuntamente, a España le corresponden 140.000 millones los próximos seis años, el equivalente a más del 11% de la riqueza que genera el país en un año. Y de estos, 72.700 millones no se tendrán que devolver. Recurriendo a los símiles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha comparado con los fondos de cohesión en los años 90 y ha asegurado que el volumen de recursos acordado ahora es "casi 10 veces más" que el que impulsó entonces la economía española.    

La idea inicial del Gobierno es destinar a este plan, que coordinará la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, unos 150.000 millones de euros para movilizar unos 500.000 millones por parte del sector privado, como anticipó a principios de este mes el presidente del Gobierno. Se trata de que el sector púbico haga de palanca del privado, como con el plan Juncker, con un efecto multiplicador, recuerda Anton Gasol, decano del Col.legi d'Economistes de Catalunya.

Pese al avance que supone el acuerdo, el volumen del plan supone apenas el 5,4% del PIB de la zona. Pese a lo llamativo de las cifras, están lejos del esfuerzo fiscal para combatir la crisis por parte de EEUU y es a largo plazo, lo que supone que los recursos llegarán a plazos, explica Gasol.

A la vez, la implementación de las reformas puede ser complicada y no solo por la presión sindical por la abolición de la reforma laboral sobre la que el Gobierno actualmente habla poco. Además de una comparecencia a petición propia en el Congreso, Sánchez convocará antes de acabar el mes a los presidentes autonómicos. Deberá convencerles sobre la aplicación territorial de los recursos. La Generalitat, por ejemplo, calcula que le corresponden unos 30.000 millones, con los que ha elaborado su plan de reconstrucción a 12 años.  

No hay ninguna duda de que España dispondrá de los 72.700 millones en ayudas directas previstos, un poco menos de los 75.000 que se esperaban. Luego se analizará si sale o no a cuenta recurrir al resto en forma de préstamos, ya que se contabilizarán como deuda, según fuentes del Ejecutivo. "Se está trabajando en ello", afirman las mismas fuentes. 

En cualquier caso, el grueso de los fondos empezarán a llegar el año que viene y el próximo aunque en el ejercicio actual una parte de estos pueden servir para financiar gastos que el Estado ya ha comprometido, según fuentes del Ministerio de Hacienda. 

De la digitalización a la transición ecológica   

El Gobierno pretende destinar este gigantesco 'manguerazo' de recursos a la digitalización, la transición ecológica, a reducir el despoblamiento de la España vaciada, o la formación. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda ha asegurado que será un plan de reformas "ambicioso" basado en el "crecimiento 'verde', digital, la formación, la ciencia y la educación".

A la vez que el fondo y el marco presupuestario 2021-2027 de 1,074 billones se acordó la Política Agrícola Común (PAC), que mantiene los fondos agrícolas para España los próximos siete años.

En conjunto, sindicatos y patronales han aplaudido el acuerdo, pero con distintas expectativas. Los primeros esperan un refuerzo del sector público, la cohesión social y que el Gobierno cumpla su compromiso de abolir la reforma laboral del PP. Y los segundos confían en que sirva paran relanzar el sector privado y asumir reformas estructurales que no suponen precisamente acabar con el núcleo de la reforma laboral y que pueden dificultar el diálogo social que está en marcha.