Creernos el autogobierno

La ministra Celáa explicaba a la salida de la conferencia sectorial conjunta entre los ministerios de sanidad, educación y política territorial, y sus respectivos consejeros, que existe un "acuerdo total" para coordinar las medidas para la vuelta al cole. En la reunión se han consensuado 29 medidas y cinco recomendaciones entre las que destacan la priorización de la actividad lectiva presencial hasta segundo de ESO, el uso de mascarillas a partir de los 6 años o el lavado de manos cinco veces durante la estada en el centro. Es positivo que los responsables políticos de distintos ámbitos sectoriales y diversos niveles de gobierno dialoguen, intercambien puntos de vista y, si así lo creen necesario, pacten actuaciones comunes.

Ahora bien, el elemento a destacar no debería ser el hecho de que se hayan homogeneizado medidas, sino que haya habido un proceso de deliberación y de construcción plural de escenarios y actuaciones posibles. Que se haya podido transitar un intercambio de puntos de vista entre diferentes. En este sentido, no debería ser un problema que las 17 autonomías, con competencias plenas en educación y sanidad, desarrollen 17 planes distintos de retorno a las aulas. Cada uno de ellos puede tener una lógica interna propia y haberse desarrollado adaptándose al contexto. Y todos ser válidos.

Es más, la existencia de diversidad puede facilitar, si se hace en un clima de diálogo y de voluntad constructiva, un importante campo de pruebas para ir adaptando las actuaciones públicas en un contexto complejo e incierto. Ir construyendo un banco de buenas prácticas. En ciencia política y en análisis de políticas públicas, el método comparativo es una buena vía para la construcción de conocimiento. Y quien dice diversidad entre comunidades autónomas, dice también pluralidad entre actuaciones de municipios, países o regiones.

Dos elementos más a añadir. Por un lado, la gestión pública nunca es neutra. La priorización de unas medidas frente a otras tiene que ver también con lo que votamos los y las ciudadanas. El mapa político no es uniforme, por lo que sería razonable pensar que en cada autonomía los valores difieran a la hora de tomar decisiones, y es legítimo que así sea. Ahora bien, por otro lado, nos hemos encontrado con que bastantes limitaciones en la acción de las instituciones públicas no han dependido tanto de la ideología de sus políticos, sino de una suerte de incapacidad para hacer efectivas sus ideas. Dificultades para anticipar escenarios y liderar iniciativas. Y esto nada tiene que ver con la existencia de 17 comunidades. 

Los expertos en implementación de políticas públicas ya hace décadas constataron que entre el dicho y el hecho hay un trecho. Pero no es solo eso. Nuestras administraciones tienen serias limitaciones para responder en un contexto nuevo y cambiante: unos cargos de designación política demasiado ligados a los partidos; unos altos funcionarios demasiado pegados al derecho y a una visión weberiana del sistema. Quizá ha llegado el momento de repensarlas, después de 40 años de democracia.

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