Análisis

Ocupaciones y mercado negro

Jueces, personal de los juzgados y policías no pueden hacer debidamente su trabajo ante una ocupación ilegal de una vivienda

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Miembros de la Guardia Urbana de Tarragona, durante el desalojo del bloque ocupado en el barrio del Serrallo, este jueves.

Miembros de la Guardia Urbana de Tarragona, durante el desalojo del bloque ocupado en el barrio del Serrallo, este jueves. / ELOI TOST (ACN)

Hace tiempo que la ocupación ilegal de inmuebles es un problema en varios lugares, pero en España ha alcanzado extremos alarmantes. Potencialmente, nadie se puede ir seguro de vacaciones más de un par de días. Si a su vuelta encuentra la puerta de su casa con la cerradura cambiada y alguien dentro, las autoridades, de entrada, protegerán al ocupante ilegal y no al legítimo poseedor del piso. Es absurdo, pero es real.

¿Qué ha pasado? Una sucesión de malentendidos ideológicos, incompetencias y dejaciones de funciones. Lo único que se ha hecho es reformar ya varias veces las leyes con la vana intención de que con ello podían resolverse los múltiples problemas relacionados con la vivienda que tanta gente está padeciendo, pero no ha sido así. Cada reforma viene acompañada de burocracia suplementaria que no hace sino ahogar cada vez más a los actores del sistema.

El malentendido ideológico ha venido favorecido por un realmente benéfico movimiento social en favor del derecho a la vivienda. Fruto de los desalojos abusivos de personas a las que fueron concedidas hipotecas que jamás podrían pagar, nacieron estas asociaciones que se movilizan para obstaculizar las expulsiones de las que tienen noticia porque los ocupantes de los pisos contactan con ellos. Algunos de esos ocupantes están en situación de precariedad y otros no, utilizando indebidamente al movimiento. En todo caso, la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda –que debiera ser fundamental– es de las Administraciones Públicas, y de nadie más. El equívoco ideológico es haber partido de la base de los abusos de algunos bancos durante toda una época, y haber extendido la culpa por esos males a cualquier propietario de un inmueble. Buscar una solidaridad forzada de esos actores favorece la dejación de funciones de las autoridades.

Neoliberalismo salvaje

Pero el segundo problema ha venido provocado por las ocupaciones ilegales. El movimiento okupa también llamó la atención mundial, de forma saludable, sobre la especulación inmobiliaria. Pero sus movilizaciones del pasado han favorecido ahora la existencia de un mercado negro en el que no impera precisamente la ideología de Bakunin, sino más bien la de Margaret Thatcher. Bandas de delincuentes se ganan la vida ocupando ilegalmente inmuebles que luego realquilan a personas en situación de precariedad. No pagan impuestos –es decir, no son solidarios– ni cumplen ninguna obligación propia de un arrendador –arreglar desperfectos–, sino que como un casero cualquiera de principios del siglo XX, explotan a los arrendatarios a su antojo. Es terrible que una movilización anarquista haya acabado propiciando la más salvaje versión del neoliberalismo, y además sobre colectivos tan desprotegidos como inmigrantes y personas con escasos recursos.

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El tercer problema es muy delicado. Jueces, personal de los juzgados y policías no pueden hacer debidamente su trabajo. Algunos de los primeros fueron víctimas de buena fe acerca de la mal entendida protección del derecho a la vivienda, lo que favoreció que tuvieran cierta lenidad con las ocupaciones ilegales. Por otra parte, el personal de los juzgados, asustados ante cualquier posible escenario de tensión con los colectivos provivienda o de cualquier situación de precariedad no debidamente detectada, se retiran al menor contratiempo. Puede ser un desconocido ocupante obviamente falsario o hasta un animal muerto lo que les inhiba. Y la policía, cuya misión debería ser proceder a un inmediato desalojo, actúa con una cautela extrema ante las posibles responsabilidades derivadas de no haber respetado una insospechada situación de precariedad, y por ello también se inhiben.

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¿Solución? Las autoridades deben garantizar la vivienda y la protección de la legítima posesión. Si no lo hacen y exigen la solidaridad del propietario, deben eximirle proporcionalmente del pago de impuestos. Juzgados y policías deben tener protección en su labor, especialmente estos últimos si acreditan indicios obvios de ocupación ilegal, procediendo al rápido desalojo y protegiendo de inmediato, el mismo día de la denuncia, al legítimo poseedor del inmueble que no ha cometido ningún delito, derivando tras ello –y no antes– la cuestión a la justicia. Para posibilitar todo lo anterior es preciso un urgente cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Si los evidentes ocupantes ilegales son desalojados en horas, dejarán de asaltar viviendas. De lo contrario, seguirá floreciendo un mercado negro indigno de cualquier democracia.

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