30 oct 2020

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ANÁLISIS

Un mosso detiene a un vehículo en el marco de los controles de movilidad habilitados en la entrada de Soses y otros municipios de Lleida por el rebrote del coronavirus.

ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

La soberanía es para quien se la trabaja

Paola Lo Cascio

El brote del Segrià se caracteriza porque era más que previsible, por las medidas improvisadas y por la mala comunicación

Cuando el Govern independentista ha recuperado las competencias de las que dispone ha demostrado no saber qué hacer

Las noticias que llegan del Segrià han periclitado la sensación de recuperación que causó el desconfinamiento de las pasadas semanas. Incluso psicológicamente, las casi mil personas infectadas en la región sanitaria de Lleida --y las noticias que asoman de L’Hospitalet--, han sido un jarro de agua fría sobre la esperanza de recobrar algún tipo de normalidad.

Las autoridades sanitarias advirtieron de que al salir del confinamiento los rebrotes serían la norma. Lo vemos en diferentes puntos de España, y en todos los países europeos. La clave, pues, radica en que es que se haya producido un brote en el Segrià, sino en sus tres características diferenciales.

La primera de ella es que estaba anunciado. La campaña de la recogida de la fruta congrega cada año a miles de trabajadores, en su gran mayoría migrantes, muchos sin papeles. Las condiciones en las cuales están obligados a subsistir, tanto por lo que se refiere a su alojamiento, como a sus derechos laborales, son pésimas. Por ello, ya entre finales de marzo y principio de abril los sindicatos dieron señales de alerta: la extrema precariedad vital y laboral de los temporeros en un escenario de pandemia podía ser explosiva.

La Generalitat --que no tiene competencia sobre la regularización de estas personas, pero sí sobre la salud y respecto a las inspecciones de trabajo--, hizo oídos sordos. Ni organizó soluciones de alojamiento adecuadas (el caso saltó a la prensa cuando un famoso futbolista ofreció pagar alojamiento a los temporeros ya que los hoteles no querían hospedarlos) o puntos de atención sanitaria específicos, ni se activó para que las empresas hicieran respectar las medidas de seguridad.

Culebrón político-judicial

La segunda característica diferencial del brote del Segrià tiene que ver propiamente con su gestión. Sobran comentarios sobre la improvisación de las medidas de las últimas horas y el relativo culebrón político-judicial. Pero más allá del último esperpento, se sabía hace tiempo que lo más importante de esta fase sería la capacidad de testar rápidamente a las personas que hubieran tenido el riesgo de entrar en contacto con la infección y realizar el seguimiento de sus contactos. De momento, y no solo por lo que se refiere al Segrià, se sabe que la Generalitat ha externalizado el rastreo de los posibles casos y de sus contactos a una empresa filial de Ferrovial. Un contrato muy criticado por el personal sanitario, y del cual en un primer momento el propio Gobierno de la Generalitat se desdijo.

Ahora, 'por lo bajini', admite que sigue vigente: aparte de ser muy caro, por ser externo, no permite una integración adecuada del rastreo en los mecanismos del sistema de salud, elemento considerado fundamental en esta fase. En muchos casos buena parte de este trabajo está recayendo, de facto, sobre una atención primaria --que está llevando a cabo las pruebas sobre el terreno--, ya exhausta por el infierno vivido en los últimos meses y tremendamente corta de efectivos, como resultado de la última década de recortes salvajes.

La legitimidad de las medidas

La tercera tiene que ver con la manera de comunicar lo que estaba y está pasando en el Segrià: mensajes contradictorios y poco claros. La ciudadanía en ningún momento ha cuestionado la legitimidad de la toma de medidas drásticas, pero sí se interroga en torno al por qué las primeras medidas se decretaron en el medio del fin de semana pasado (ni al principio, ni al final), y con poquísimo margen para cumplir con ellas adecuadamente; y se desespera con las de las últimas horas, ya que condenan a la población a una situación de inseguridad jurídica sin precedentes. El asombro y la sensación de desamparo es mayúscula.

Todo ello pasa después de que el gabinete de Torra y Aragonès desde el inicio del estado de alarma ha ido criticando la actuación del Gobierno central, acusado de aprovechar la situación para recentralizar competencias. A veces con tonos broncos y vergonzantes –"si fuéramos independientes no habría tantos muertos"-, a veces con tonos más civilizados y aparentemente técnicos, asegurando que la Generalitat tenía medios, estrategias y recursos suficientes para enfrentarse a la situación y por ello decantándose por el 'no' a las prórrogas del estado de alarma. 

En definitiva, reclamando su "soberanía", la palabra talismán de la última década de la vida política en Catalunya, como si fuera la receta para curar todos los males. Mira por dónde, cuando el Govern independentista catalán ha recuperado del todo la soberanía de la que dispone ha demostrado no saber qué hacer con ella.