10 ago 2020

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La corona, en crisis

El rey emérito Juan Carlos I.

MARIO RUIZ (EFE)

El cortafuegos del Rey

Luis Mauri

El esfuerzo del Gobierno y la Casa Real en salvaguardar a Felipe VI de las investigaciones por corrupción sobre su padre topa con un obstáculo inherente a la propia institución monárquica: su condición hereditaria

El incendio crece en los depósitos de la monarquía española. La crisis institucional que zarandea la corona puede multiplicarse al contacto con la catástrofe social de la pandemia. Material altamente inflamable. El Gobierno y  Felipe VI se esfuerzan en abrir un cortafuegos que impida que las llamas alcancen el puente de mando de la institución.

Las obras del cortafuegos empezaron con la abdicación de Juan Carlos I en el 2014, después de varios años de erosión: Urdangarín Cristina, la cacería en Botsuana, el vínculo saudí, la relación con Corinna Larsen... Continuó en marzo pasado con la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, a quien además le retiró la asignación anual de 200.000 euros. Esta decisión del Rey, forzada por las investigaciones sobre las comisiones multimillonarias pagadas presuntamente por Arabia Saudí a Juan Carlos I por la obra del AVE a La Meca, ya era en sí misma una acta acusatoria.

La construcción del cortafuegos se reanuda ahora, al conocerse que Larsen ha declarado a la justicia suiza que Juan Carlos le donó 65 millones "por gratitud y amor". Un tanque de gasolina sobre el incendio. El Gobierno, con el conocimiento de la Casa Real, retira las líneas de defensa en torno al emérito y las concentra en el blindaje del Rey. Plantea que Juan Carlos I deba abandonar la Zarzuela y brinda al sol con una hoy por hoy improbable reforma constitucional para limitar la inviolabilidad real.

Estigma deshonroso

Pero el esfuerzo del Gobierno y la Casa Real en las obras del contrafuegos topa con un obstáculo inherente a la institución monárquica: su condición hereditaria. O cuando el legado es un estigma deshonroso y no existe la opción purificadora que brinda la acción catártica de las urnas.

En una democracia desarrollada, la familia real no es una familia sino una empresa. Una empresa pública. Como tal, debe ofrecer rentabilidad social y honestidad ejemplar. Solo así una institución anclada en principios remotos y ajenos a la racionalidad democrática puede aspirar al consenso necesario para pervivir en el siglo XXI, fuera de época. Este es el reto de Felipe VI.