Residencias, todo un sector por revisar

El pleno monográfico del Parlament sobre la gestión de las residencias de ancianos en la crisis del covid-19, en el que se discutía la actuación del ‘conseller’ de Treball, Afers Socials i Famílies, se saldó ayer con la aprobación de distintas propuestas, las promesas de más recursos y el compromiso de establecer un salario mínimo de 1.200 euros para el personal que trabaja en ellas. Sin embargo, <strong>la reprobación de Chakir El Homrani decayó,</strong> después de tres votaciones con empate, gracias a una abstención «crítica» de la CUP, amparada en el argumento de valorar antes la «problemática sistémica» que la concreta gestión de los hechos. Una gestión que, de hecho, ya fue desautorizada por el propio Govern de la Generalitat <strong>al traspasar, el 8 de abril, la responsabilidad de los geriátricos al Departament de Salut.</strong>

Los datos que nos arroja la pandemia son impactantes. Con una tasa de mortalidad del 27’2% y con más de 4.000 ancianos fallecidos en las residencias catalanas (un tercio del total de las muertes), conviene reflexionar a fondo y exigir responsabilidades, bien a través de la sede parlamentaria, bien a través de las más de 100 denuncias a distintos centros que instruye la Fiscalía. Lo cierto es que el pleno se ha desarrollado como un nuevo episodio de contienda política y sin que se haya escuchado suficientemente la voz de los sectores implicados. El Govern se ha remitido a denunciar la falta de recursos y de implicación estatal en la financiación y la oposición ha alegado mala praxis de la Generalitat, y falta de previsión, de reacción y de un modelo integral de gestión, con notables lagunas en relación a los centros de titularidad privada. La promesa de inversión de 95 millones de euros y la contratación de 2.000 profesionales, más la acumulación de material sanitario en previsión de nuevos rebrotes, invitan a esperar una mayor eficiencia en el futuro, pero estas circunstancias no pueden evitar la asunción de unas responsabilidades que el mismo ‘conseller’ de Treball, Afers Socials i Famílies ha admitido (reconociendo, por ejemplo, que las visitas de familiares deberían haberse prohibido antes) y que deben concretarse en una reflexión profunda y a largo plazo sobre la infradotación de los centros y la falta de inspecciones en regla.